La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó una queja del Ministerio de Capital Humano y revisará la cautelar que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario.
Con esa decisión, el tribunal dejó sin efecto el rechazo inicial del juez Martín Cormick, quien había intimado al Estado Nacional a pagar los fondos en un plazo de cinco días. El Gobierno argumentó que las recomposiciones salariales para docentes y no docentes ya cumplían con lo previsto por la normativa. También sostuvo que la intimación le provocaba un «agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior». Los camaristas reconocieron la existencia de un gravamen irreparable.
Por otra parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa personal de $100.000 diarios que le impuso Cormick por el presunto incumplimiento de la actualización salarial. Además, solicitó que se suspenda la ejecución de la sanción. En su presentación alegó la «ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad» y advirtió sobre el riesgo patrimonial que implica.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también acudió a la Justicia para pedir un aumento de la multa. Consideró que el monto actual es «más que exiguo» y que no alcanza para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley.
