La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la revisión de la decisión que rechazó frenar la ejecución de una cautelar por el financiamiento universitario. La medida exige actualizar los salarios docentes y no docentes y financiar las becas estudiantiles.
El planteo fue presentado por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. El juez de primera instancia, Martín Cormick, había rechazado el 14 de octubre el pedido del Gobierno para detener el procedimiento. El Estado recurrió en queja y la Cámara consideró que esa decisión podía provocar un perjuicio de difícil reparación.
Qué debe resolver la Cámara
La representación legal del Estado sostuvo que las obligaciones dispuestas en la cautelar ya se cumplieron y que la medida alcanzó el plazo de caducidad. También planteó que mantener abierto el trámite de ejecución implicaba riesgos ante la posibilidad de sanciones económicas.
La resolución de la Cámara no determinó si el Ejecutivo cumplió la medida ni declaró que la cautelar haya caducado. Las exigencias presupuestarias continuarán bajo análisis en el expediente principal.
El pedido de Santilli por las multas
En otra presentación vinculada con la causa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió suspender la ejecución de las multas personales fijadas en su contra. El 15 de octubre, la Sala III había dejado provisoriamente en suspenso las astreintes de $100.000 diarios, impuestas por el presunto incumplimiento de la cautelar.
Santilli solicitó que se frene el cobro y presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Busca que la sanción sobre su patrimonio personal quede sin efecto de manera definitiva.
El origen de la causa
La controversia comenzó con una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Decreto 759/2025. La norma condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso precisara las partidas presupuestarias destinadas a financiarla.
El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional ese condicionamiento y ordenó aplicar la ley de forma inmediata. El Gobierno apeló el fallo de fondo y sigue en discusión la medida cautelar sobre los recursos para salarios y becas.
