La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analiza este martes el proyecto de gastos para las universidades nacionales en 2027. La reunión se realiza luego de las marchas de protesta convocadas en distintos puntos del país.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, presentan las partidas educativas previstas en el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el próximo ejercicio.
La propuesta oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. Las instituciones reclaman, en cambio, una asignación total de $11 billones.
En la exposición, representantes del Ministerio de Capital Humano defendieron la posición del Gobierno y afirmaron que la gestión actúa «a derecho» y cumple las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera vigentes.
Sobre la controversia legal y la suspensión de fondos aprobados anteriormente por el Congreso, Álvarez dijo que los legisladores “votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria”.
El subsecretario agregó que el Gobierno cumplió con la norma que “obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho”.
El proyecto exige que las universidades remitan al Ministerio de Capital Humano información para auditar las transferencias financieras. Además, faculta al Poder Ejecutivo a congelar los giros si se registran incumplimientos y establece un tope para las paritarias y los aumentos salariales de 2027.
La partida total para Educación llegaría a $9,8 billones. La pauta contempla recortes en las becas Progresar, las obras de infraestructura universitaria y el programa de Educación Sexual Integral (ESI). También destina $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y mantiene la distribución automática de recursos a las provincias.
