La disputa por el financiamiento de las universidades públicas volvió a mostrar diferencias dentro del Gobierno sobre cómo responder a las protestas, tras la sanción y la posterior insistencia parlamentaria de la Ley de Financiamiento Universitario.
A fines de febrero, el ala política del oficialismo había preparado un proyecto para la educación superior que incluía una recomposición salarial y contaba con el consenso de los rectores. La propuesta estaba condicionada a que se retirara la demanda judicial iniciada. Sin embargo, operadores parlamentarios libertarios frenaron su avance porque confiaban en que la Justicia desestimaría los reclamos. Los fallos resultaron adversos al Ejecutivo, que por el momento apela las resoluciones.
También hubo pedidos de gobernadores —en particular, de extracción radical— a autoridades del Poder Ejecutivo nacional para que se encuentre una solución urgente. Según plantearon, las movilizaciones masivas y los incidentes podrían tener un costo electoral en sus distritos de cara a los próximos turnos electorales.
Tras la reciente Marcha Federal Universitaria, que terminó con incidentes y represión de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la posición oficial. «todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos», sostuvo.
Álvarez afirmó que la norma aprobada violó la Ley de Administración Financiera porque no estableció las partidas necesarias para cubrir el gasto. Esa interpretación, explicó, fue el motivo por el que el Gobierno promulgó la ley y, al mismo tiempo, suspendió su aplicación.
El funcionario señaló además que el Ejecutivo ejecuta el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo y dejó abierta la posibilidad de aplicar otro si el Congreso lo sanciona: «Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro».
