La jueza de garantías Eve Ponce resolvió que un hombre identificado como J. E. M. sea juzgado en un debate oral y público por una causa de violencia de género. La decisión se tomó el martes 20 de octubre, durante una audiencia preliminar, y desestimó el pedido de la defensa para cerrar el proceso por considerar insuficientes las pruebas.
La acusación comprende cuatro hechos denunciados entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Según la investigación, el imputado habría incumplido una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia, que le prohibía aproximarse a menos de 200 metros de la víctima y de su vivienda. La medida le había sido notificada en septiembre de 2025.
Uno de los episodios habría ocurrido durante la madrugada del 16 de octubre de 2025, en una vivienda del barrio Luis Vernet. La acusación sostiene que el hombre forzó las rejas del patio, pateó la puerta y entró hasta una habitación. También le atribuye haber roto la traba de seguridad de la tobillera electrónica del sistema dual de monitoreo satelital.
Ese mismo día, mientras permanecía bajo custodia preventiva en la Oficina Judicial, habría arremetido contra un policía y pateado su equipo de comunicación portátil. El dispositivo cayó al suelo y quedó inutilizado por la rotura de la antena. El cuarto hecho investigado habría tenido lugar el 3 de marzo de 2026, cuando el imputado escaló y entró al techo de una propiedad lindera a la casa de la víctima.
En la audiencia, el defensor Damián D’Antonio solicitó la clausura y el sobreseimiento de la causa, al sostener que las pruebas reunidas no tenían suficiente peso. La Fiscalía se opuso. El fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill y el funcionario Rubén Kholer presentaron la denuncia de la víctima, testimonios, actas policiales, la notificación de la restricción y registros digitales del sistema Espejo.
El Ministerio Público Fiscal planteó que los episodios deben analizarse en un contexto de violencia de género. Ponce rechazó el planteo de la defensa y habilitó el juicio. J. E. M. deberá responder por desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y dos hechos de daño agravado. La acusación contempla figuras de concurso ideal y real de delitos.
