El juez José Luis Ennis dispuso que el imputado cumpla durante 30 días arresto domiciliario en el marco de una causa por presunta privación de la libertad. No podrá salir sin autorización judicial ni acercarse o comunicarse por ningún medio con sus hijos.
La Fiscalía había solicitado extender la prisión preventiva por ese plazo. La procuradora Cecilia Bagnato y el fiscal Fidel González argumentaron que el arraigo del imputado en la zona es débil, que no puede mantener un vínculo actual con su esposa y sus hijos y que su actividad laboral no lo relaciona con el lugar. También advirtieron que tiene recursos para trasladarse y que podría interferir con testigos o víctimas.
Bagnato sostuvo que la Fiscalía debe conservar abiertas todas las hipótesis hasta que las medidas de investigación permitan confirmarlas o descartarlas. Expuso el estado de la causa y las diligencias realizadas a diario, además de las actuaciones previstas para los próximos días.
La Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce, respaldó el pedido de la Fiscalía y planteó la necesidad de proteger a los adolescentes durante el proceso. Informó, además, que se abrió un expediente en el Juzgado de Familia y que distintos organismos estatales participan en su cuidado y asistencia.
Antes de analizar el pedido, la Fiscalía y la Asesoría solicitaron que se instara a la defensa a respetar la reserva sobre los adolescentes y la información relacionada con ellos. La audiencia se realizó a puertas cerradas, sin público ni presencia de la prensa.
La defensa particular pidió la libertad del imputado y, como alternativa, ofreció un domicilio para que cumpliera allí una eventual medida. También presentó testigos para acreditar su arraigo en la zona.
Al resolver, Ennis consideró que en esta etapa hay elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría, aunque señaló que todavía existen varias hipótesis sobre los hechos. Entendió que el imputado tiene arraigo porque vive y desarrolla su actividad en la zona desde hace algunos años, pero evaluó que siguen vigentes los riesgos procesales que había considerado al dictar la prisión preventiva.
El juez también tuvo en cuenta que el imputado tiene más de 70 años y que, si recibiera una condena por un delito con pena de prisión, podría cumplirla en un domicilio. Consideró que ese criterio correspondía aplicar también al definir la medida de coerción. Si incumple las condiciones del arresto domiciliario, podría volver a quedar detenido en una prisión.
