La Fiscalía entrevistó el martes, en Cámara Gesell, a los hijos de la familia involucrada en la causa. El Cuerpo Médico Forense (CMF) elaborará los informes técnicos a partir de esos testimonios.
Además, pidió al CMF un análisis integral de los antecedentes médicos y una pericia detallada sobre la salud mental del imputado. También tomó declaración a personas que podrían aportar información y requirió datos a entidades bancarias, organismos estatales e instituciones de salud.
Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General analizaron y peritaron los dispositivos secuestrados durante los operativos. Con los resultados de estas diligencias, la Fiscalía evaluará qué planteos presentar en la audiencia de control de la prisión preventiva.
El inicio de la investigación
La causa se inició a partir de alertas de vecinos, que derivaron en un operativo en una vivienda donde residía un grupo familiar. El procedimiento estuvo a cargo de la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri.
Durante el allanamiento, la procuradora dispuso la detención en flagrancia de un hombre de 71 años, imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos. La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.
La cronología del caso
- 10 de octubre: vecinos formalizaron su preocupación por el aislamiento del inmueble y la falta de contacto social de los menores.
- 20 de octubre: después de intentos infructuosos de la Policía Comunitaria, intervinieron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Como el adulto no permitió el ingreso, emitieron un informe de riesgo urgente.
- 22 de octubre: con autorización judicial, fuerzas de seguridad y equipos médicos entraron en el domicilio tras escuchar pedidos de auxilio. Encontraron a la familia confinada en distintos sectores de la vivienda y detuvieron al imputado.
Resguardo de los menores
La investigación prioriza la privacidad y el bienestar de los menores, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y las normas vigentes para resguardar su intimidad.
Sus identidades, imágenes y cualquier dato que permita localizarlos o exponerlos se mantienen bajo reserva, para evitar la victimización secundaria y garantizar un entorno seguro mientras continúan las actuaciones profesionales destinadas a restituir sus derechos y brindarles contención integral.
