El juez José Luis Ennis dispuso que Miguel Battista, de 71 años, cumpla otros 30 días de prisión preventiva bajo arresto domiciliario en su chacra de Trevelin, que fue allanada recientemente.
Battista está imputado por el presunto secuestro y la privación ilegítima de la libertad de su esposa y sus tres hijos, de 19, 17 y 13 años, en una vivienda de la localidad cordillerana.
La resolución se conoció este viernes, luego de una audiencia de más de cinco horas que comenzó a las 10 en el segundo piso de los Tribunales de Esquel. El encuentro se realizó a puertas cerradas para proteger a las víctimas, dos de ellas menores de edad.
En la audiencia intervino el defensor público Marcos Ponce, en representación de los adolescentes. La Asesoría de Familia abrió un expediente paralelo para brindarles asistencia junto con el Servicio de Protección de Derechos y el sistema de salud. Los tres jóvenes están a resguardo y la madre permanece internada en el Hospital Zonal Esquel.
El abogado defensor, Daniel Sandoval, presentó a cuatro testigos que hablaron sobre el estilo de vida de Battista y sus temores. Sostuvo que sus testimonios debilitaban los argumentos sobre un posible peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. También indicó que el cambio de modalidad permitirá que su defendido deje la Comisaría de Trevelin, donde llevaba diez días de prisión preventiva, y pase a su domicilio.
La procuradora fiscal Cecilia Bagnato afirmó que la investigación continúa y que la Fiscalía utilizará el plazo vigente de seis meses para determinar si reúne elementos suficientes para llevar la causa a juicio oral. La hipótesis preliminar contempla privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. Bagnato no descartó que se incorporen nuevas calificaciones legales, de acuerdo con los resultados de las pericias previstas para mediados de noviembre.
Al fundamentar la decisión, Ennis consideró que hay elementos para evaluar la probabilidad de autoría y que se mantienen distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Para otorgar el arresto domiciliario, tuvo en cuenta el arraigo de Battista en la zona y su edad. El juez señaló que la normativa contempla que, ante una eventual condena, pueda cumplirla en su domicilio, un criterio que también puede aplicarse al fijar medidas de coerción.
Ennis impuso a Battista una estricta prohibición de acercamiento y contacto, por cualquier vía, con su esposa y sus hijos. Advirtió que, si incumple las condiciones, la medida será revocada y volverá a una dependencia policial.