La Cámara de Diputados postergó el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional: el martes 20 de octubre no se reunieron los consensos necesarios para avanzar. Desde la oposición también plantearon sospechas sobre una posible influencia del cambio de postura de Donald Trump respecto del reclamo argentino por las Islas Malvinas y de los intereses económicos de Estados Unidos.
La propuesta establece sanciones para empresas extranjeras que exploten recursos sin autorización argentina. Algunos sectores opositores advirtieron que castigar a firmas estadounidenses con intereses en la región podría haber generado malestar en Washington. A la vez, el dictamen quedó trabado por diferencias de La Libertad Avanza con sus bloques aliados sobre aspectos técnicos y sancionatorios.
El diputado de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana cuestionó al Gobierno y afirmó: «El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump. Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y su posición de neutralidad se mantiene intacta».
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue reprogramado para este martes a las 16. Por ahora, se considera baja la posibilidad de que el proyecto llegue al recinto el miércoles 28 de octubre.
La agenda de noviembre estará condicionada por el debate del Presupuesto 2027. El oficialismo busca emitir dictamen el 28 de octubre y tratarlo en el recinto el 18 de noviembre. También inciden los feriados previstos por la visita del Papa León XIV: el 9 de noviembre, de alcance nacional; el 10, en CABA y Córdoba; y el 11, en la provincia de Buenos Aires. Además, una comitiva de La Libertad Avanza viajará a Estados Unidos para presenciar las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitación para operar en el país para quienes exploten o colaboren en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas y los mares adyacentes. La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659.
También propone crear un registro público de personas sancionadas con las que el Estado no podría contratar e incorporar la figura del juicio en ausencia. Además, plantea conformar un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el jefe de Gabinete, la SIDE y Legal y Técnica.
De acuerdo con el proyecto, el organismo podría bloquear fondos, suspender contratos, elevar aranceles aduaneros y restringir giros de divisas. Como último recurso, tendría facultades para autorizar el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles.
La propuesta incluye, además, prohibir aportes extranjeros a campañas políticas y establecer sanciones por filtrar secretos a servicios de inteligencia externos o financiar desinformación masiva desde el exterior. También incorpora por ley el RePET, destinado a congelar bienes vinculados al terrorismo.
El oficialismo deberá reunir apoyos para avanzar con el dictamen y lograr que la iniciativa sea tratada antes de fin de año.
