El presidente del Foro Permanente de Discapacidad, Pablo Morelo, celebró la aprobación por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación de la «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», aunque advirtió que hacen falta recursos para responder a la emergencia.
«La emergencia no se reduce a una ley, la emergencia es lo que vive la gente día a día», afirmó. Morelo señaló que la Emergencia en Discapacidad rige hasta el 31 de diciembre de 2027 y reclamó que el Poder Ejecutivo garantice una ejecución presupuestaria efectiva.
El titular del Foro destacó el consenso entre oficialismo y oposición para mantener conquistas históricas del sector que, según indicó, no estaban contempladas en los proyectos iniciales del Gobierno nacional. También expresó su expectativa de que el Senado trate y apruebe la iniciativa la próxima semana y mencionó las gestiones del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad.
Morelo planteó que la discusión del Presupuesto 2027 debe incluir fondos suficientes. Advirtió que los sindicatos ya anticipan que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución no alcanzarán para cubrir la demanda de las obras sociales.
Al referirse al Gobierno nacional, sostuvo que «este Gobierno no desarrolló ninguna política positiva para las personas con discapacidad» y describió su gestión como «cerrar puertas, prejuicio y hablar mal de la temática». También cuestionó las campañas oficiales sobre supuestos «certificados y pensiones truchas»: afirmó que generaron desconfianza social y se utilizaron para justificar un desfinanciamiento sistemático.
Según Morelo, la falta de inversión agravó las demoras en la entrega de medicamentos y pañales. Señaló que la situación se complicó aún más con la intervención judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, indicó que se frenó la concesión de pensiones no contributivas y que los pagos de aranceles a prestadores acumulan retrasos superiores al 30%.
El presidente del Foro advirtió que la crisis golpea especialmente a las provincias. Allí, dijo, miles de personas sin cobertura dependen de gobiernos locales que no cuentan con infraestructura, recursos ni personal calificado. Repudió el intento del Estado nacional de «desentenderse» de su obligación federal y trasladar el problema a las provincias sin enviar los fondos correspondientes.
Morelo señaló que la situación también se profundiza en las periferias del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, Córdoba y en zonas rurales. Aseguró que las familias y los prestadores mantendrán la guardia alta hasta que las medidas legislativas se traduzcan en soluciones concretas.
