El Gobierno nacional afirmó que los avances educativos registrados no requirieron un aumento de la inversión presupuestaria general, sino una reorganización de los recursos.
En una exposición ante el Congreso de la Nación, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el destino de las partidas y repasó los resultados pedagógicos. También cuestionó las políticas de gestiones anteriores: sostuvo que, pese a que durante décadas la Argentina destinó presupuestos elevados al área, los resultados en las pruebas internacionales PISA fueron modestos por una asignación inadecuada de los fondos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, describió en sus redes sociales el diagnóstico fiscal que, según dijo, encontraron al asumir. Señaló que en 2023, de cada 100 pesos ejecutados en programas educativos nacionales, 41 no se dirigían a la enseñanza directa y otros 35 se repartían entre más de 200 programas. Con ese cálculo, afirmó que 76 pesos de cada 100 no tenían un impacto efectivo en el aula.
Torrendell aclaró que el 41% mencionado correspondía principalmente al pago de salarios docentes —cuya cobertura, sostuvo, recae por ley en los presupuestos provinciales— y a la compra de computadoras que quedaban en desuso.
Ravier indicó que, desde 2024, el Poder Ejecutivo reorganizó las partidas y estableció la alfabetización como prioridad. En ese marco, la Secretaría de Educación eliminó programas que no estaban vinculados con la enseñanza y puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización.
Las autoridades destacaron que las evaluaciones Aprender 2025 reflejaron mejoras en Lengua en las 23 jurisdicciones evaluadas. Según señalaron, los avances más importantes se dieron en las provincias que partían de las situaciones más desfavorables.
El Gobierno también relacionó esos resultados con estudios internacionales realizados en 23 países. De acuerdo con esa evidencia, un aumento de un desvío estándar en las competencias de lectura y cálculo se asocia con un incremento del 18% en los ingresos salariales durante la vida laboral.
Desde la Casa Rosada estimaron que el crecimiento registrado en dos años de gestión, equivalente a un séptimo de desvío estándar, se traduciría en una suba del 2,5% en los ingresos anuales de toda una generación de trabajadores. El Ejecutivo presentó esa proyección como una inversión de largo plazo en capital humano.
