El juez penal Daniel Yangüela anuló la resolución de la Fiscalía que había desestimado la denuncia por la ocupación de oficinas administrativas de Conarpesa, en Puerto Madryn, y dispuso que la investigación siga adelante.
La decisión, fechada el 16 de octubre, ordena volver las actuaciones al estado en que se encontraban el 29 de julio, cuando se dispuso el archivo. También establece remitir el expediente a la Procuración General, que deberá determinar cómo continúa el proceso.
Yangüela consideró que el archivo tuvo una «fundamentación aparente» y que se apoyó en afirmaciones que no contaban con respaldo probatorio. Señaló que la denuncia presentada por el apoderado de la empresa, dos actas policiales y una nómina de testigos no alcanzaban para cerrar el caso. Además, observó que no se había acreditado el vínculo laboral de los acusados, la legitimación sindical ni la legalidad de la medida de fuerza.
El juez también cuestionó que la Fiscalía descartara la existencia de un delito por la presunta ausencia de violencia física. Indicó que la figura penal analizada no requiere necesariamente el uso de la fuerza y que debe evaluarse si hubo consentimiento de quien tiene derecho a permitir o impedir el ingreso de terceros al inmueble. La resolución no determina que se haya cometido un delito ni establece culpabilidades.
El conflicto entre la pesquera y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se inició en junio. El gremio denunció que la empresa no convocó a 85 trabajadores efectivos de temporada y sostuvo que derivaba materia prima a plantas de otras provincias.
El 15 de julio, trabajadores ocuparon el área administrativa para reclamar por presuntos incumplimientos ante la Secretaría de Trabajo. Conarpesa rechazó la medida, denunció penalmente al secretario general del STIA, Luis Núñez, y despidió a 39 operarios.
En agosto, tras una mediación del gobernador Ignacio Torres, la empresa reincorporó a 30 de los despedidos y retiró las acciones penales contra ellos. Los otros nueve no fueron reincorporados. En octubre persistieron las diferencias por la producción, los turnos, los incentivos y los salarios.
