El Estado nacional conservará el control de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), con el 51% de las acciones, mientras que otro 44% será ofrecido en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. El 5% restante se reservará para los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada.
La modificación del estatuto quedó oficializada este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial. El documento establece un capital social de $6,69 billones y habilita la incorporación de inversores privados, en el marco del esquema previsto por la Ley Bases.
En la actualidad, el paquete accionario se distribuye entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), con el 1%.
Obras y operación
NASA administra las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. En conjunto, tienen una potencia instalada de 1763 MW y aportan cerca del 7% de la oferta eléctrica del sistema nacional.
La Secretaría de Energía planteó que la participación privada permitiría obtener fondos para proyectos de infraestructura que demandan inversiones importantes. «La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva», explicaron desde la cartera.
Entre las obras señaladas como prioritarias están la extensión de la vida útil de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II). La central permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 por trabajos de acondicionamiento técnico y se proyecta que vuelva al sistema eléctrico nacional en 2027. El ASECG II es una obra destinada a gestionar insumos y residuos derivados de la generación nucleoeléctrica.
El proceso de licitación
La venta se hará en bloque y abarcará el 44% de las acciones. Tras el registro del cambio estatutario en asambleas extraordinarias de la sociedad, comenzará la preparación de los pliegos para una licitación pública internacional. Podrán presentar ofertas grupos energéticos locales y extranjeros.
