La Cámara de Diputados comenzará a sesionar este miércoles al mediodía y el debate podría extenderse hasta la madrugada. La sesión especial fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores del espacio. La agenda incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas», y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Las diferencias por el capítulo 7
El oficialismo sostiene que cuenta con los votos para aprobar en general la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional. Las objeciones de sectores dialoguistas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal se concentran en el capítulo 7.
Ese apartado necesita 129 votos para ser aprobado en particular. Ante las dificultades para reunirlos y los pedidos de cambios, no se descarta que el Gobierno acepte retirarlo para preservar el núcleo del proyecto, que fija sanciones para empresas petroleras que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La propuesta contempla sanciones penales y económicas, incluidas penas de hasta 20 años de prisión para directores y socios por la explotación ilegal de recursos en la cuenca de Malvinas. El texto excluye expresamente de esas sanciones el ejercicio periodístico, la actividad diplomática y la investigación académica.
También generan diferencias con el peronismo y la izquierda la creación del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades excepcionales previstas para el Ejecutivo frente a «amenazas externas». Entre las medidas se mencionan protocolos de derribo de aeronaves y la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. El oficialismo aceptó sumar una Comisión Bicameral de Seguimiento, que auditaría las medidas en un plazo de 48 horas.
La reforma del Banco Central
Otro de los puntos centrales será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo no reunió los votos necesarios para insistir con la redacción original, que exigía dos tercios de ambas cámaras, y aceptó los cambios introducidos por el Senado. Entre ellos, se eliminó la participación de Diputados en la remoción de autoridades de la entidad.
El proyecto busca establecer el principio de «emisión cero». Para eso, reemplaza los múltiples objetivos establecidos por la ley de 2012 por un mandato enfocado exclusivamente en preservar el valor de la moneda.
La iniciativa también prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario. La agenda incluye, además, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad, el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la AELC, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

