Un proyecto para sancionar la difusión de información falsa durante las campañas electorales obtuvo dictamen de comisión en la Legislatura de Tucumán y generó un cruce entre La Libertad Avanza y su autora, la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse.
En un comunicado titulado “La libertad no se negocia. No nos van a callar”, el espacio libertario expresó su “profunda preocupación” y aseguró estar en “estado de alerta”. Según planteó, la propuesta «pretende establecer mecanismos judiciales para intimar a ciudadanos a eliminar publicaciones, opiniones o videos de las redes sociales».
La fuerza sostuvo que la iniciativa «representa una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, y un preocupante avance sobre los derechos y garantías constitucionales de todos los tucumanos». También consideró «inadmisible que sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no de manera completamente arbitraria».
En el pronunciamiento, La Libertad Avanza afirmó que esa postura «va en contra de toda Ley ya establecida y vulnera un derecho primario de cada persona que habita no sólo el suelo tucumano, sino el suelo argentino». Además, recordó que «en la República Argentina, la división de poderes es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático» y señaló que quienes se consideren afectados ya disponen de vías judiciales ordinarias.
Por ese motivo, el espacio planteó que «no resulta necesario crear nuevos mecanismos que puedan convertirse en instrumentos de censura o intimidación; y sobretodo un artilugio para ejercer la censura de manera elegante». A su entender, condicionar la palabra desde el Poder Legislativo «constituye un hecho de enorme gravedad institucional».
Vargas Aignasse respondió a las críticas en su cuenta de X. «La libertad de expresión es un derecho constitucional. La mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial no puede confundirse con ese derecho», escribió.
La legisladora agregó: «Resulta llamativo que La Libertad Avanza denuncie censura cuando existen antecedentes documentados de circulación de noticias falsas, videos manipulados y operaciones de desinformación electoral en redes sociales, incluso desde espacios vinculados a su propio sector político».
Al explicar el alcance del proyecto, sostuvo que «no busca perseguir opiniones ni silenciar críticas. Busca sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados que puedan engañar a los ciudadanos y alterar el desarrollo de una elección». También afirmó que el articulado protege expresamente la libertad de expresión, la sátira y la parodia política. «La democracia necesita libertad de expresión, pero también ciudadanos que puedan decidir sin ser engañados», concluyó.







