La Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa por la propiedad de Villa Rosa, en Pilar, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje el juzgado federal de Campana y vuelva a los tribunales de Comodoro Py. El expediente quedará en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso de queja de Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Villar había objetado que la investigación quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
En octubre, la Sala I de Casación había declarado inadmisible el planteo para trasladar el expediente. El fiscal recurrió ante la Corte, que resolvió a su favor.
La investigación intenta determinar si hubo lavado de dinero en la compra de una propiedad valuada en más de US$ 20 millones y con una superficie de 105.000 metros cuadrados. El inmueble está a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y de su madre, Ana Conte, jubilada. Ambos fueron señalados como supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, debido a que sus ingresos declarados no guardarían relación con el patrimonio.
La resolución se aparta de la estrategia atribuida a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, que buscaba concentrar en Campana distintos expedientes que lo involucran.
Al explicar su intervención, los jueces afirmaron que buscaban “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite”. También sostuvieron: “La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.
El traslado a Campana se había fundamentado en la ubicación de la finca. La Corte, sin embargo, consideró que existían “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Entre ellos, señaló que Real Central SRL, la firma mediante la cual se habría comprado la propiedad, tiene domicilio en la ciudad; que allí se firmó la escritura y que la AFA tenía su sede en la capital cuando ocurrieron los hechos.
Los magistrados describieron el caso como una investigación compleja sobre un “presunto entramado societario y financiero” que va más allá de la propiedad. También cuestionaron que Casación no hubiera respondido los planteos del Ministerio Público Fiscal sobre la competencia territorial porteña.







