La Libertad Avanza (LLA) reunió 60 firmas, sobre 104 legisladores presentes, para obtener dictamen de mayoría a favor de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca tratarla en el recinto el próximo 12 de noviembre.
El plenario reunió a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Antes de la firma, expusieron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, coordinados por Martín D’Alessandro, a partir de una propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
El PRO, la UCR y sectores de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal respaldaron la iniciativa; este último espacio acompañó con disidencia parcial. Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de minoría con 38 firmas. Provincias Unidas impulsó otro texto, que consiguió cuatro firmas, mientras que el Frente de Izquierda rechazó el proyecto.
Sanciones y cambios en seguridad
La iniciativa establece sanciones para empresas y particulares que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y en sus espacios marítimos circundantes. Incluye penas de prisión, inhabilitaciones y multas calculadas en equivalencia a barriles de petróleo.
Las personas y compañías alcanzadas tampoco podrían contratar con el Estado nacional, desarrollar actividades comerciales en el país ni acceder a beneficios fiscales y previsionales. El proyecto también modifica la estructura de seguridad nacional y la normativa vigente sobre inteligencia.
El vocero presidencial defendió la prioridad de la propuesta para el Gobierno y afirmó: «La ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro Gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro».
Cuestionamientos al tratamiento
Diputados de la oposición objetaron la rapidez del debate y señalaron que el texto definitivo no estuvo disponible antes de la firma. La legisladora de UP Agustina Propato sostuvo: «Es un dictamen entre gallos y medianoche. No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar».
El diputado Juan Marino también cuestionó que el documento no estuviera a disposición durante la discusión: «No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando». Además, pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Juan Grabois le preguntó al titular del plenario, Carlos Zapata: «¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?». El diputado libertario contestó: «No le puedo contestar».
El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, reclamó que se trataran las propuestas de su bancada. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el procedimiento y confirmó el rechazo de su espacio: «Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes».
El diputado socialista Esteban Paulón anticipó un dictamen de minoría de su sector y calificó de «invotable» el proyecto del Gobierno. La defensa técnica de la iniciativa estuvo a cargo de los oficialistas Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Consejo de Seguridad e injerencia extranjera
Las conversaciones que encabezó la diputada libertaria Silvana Giudici con bloques aliados llevaron a incorporar cambios técnicos. Uno de ellos redefine las funciones del Consejo de Seguridad: el texto le impide intervenir en asuntos de seguridad interior, salvo excepciones operativas relacionadas con la protección marítima y de infraestructura crítica, planteadas por el bloque del MID.
La integración del Consejo sumaría al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente provisional del Senado, pero no a la titular de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las medidas urgentes, sanciones, restricciones de vuelos y decisiones sobre hundimientos deberán comunicarse a la Comisión Bicameral del Congreso en un plazo máximo de 48 horas. El organismo de control tendrá cuatro senadores y cuatro diputados, sujetos al deber de secreto.
El proyecto sustituye la figura de «desinformación masiva» por la de «campaña de injerencia extranjera». Para que se configure, deberán probarse acciones planificadas o clandestinas relacionadas con un agente externo. La propuesta excluye de esa figura la actividad periodística, la labor diplomática, la investigación académica y la representación abierta de intereses. La pena general prevista es de 5 a 12 años de prisión.
Gestiones con Estados Unidos
Los cambios en el alcance de las sanciones se incorporaron después de reuniones en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con gestiones del embajador Peter Lamelas. La administración estadounidense advirtió sobre posibles contingencias si se sancionaba a empresas de ese país con vínculos indirectos con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas. La iniciativa es impulsada por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.
Luego de esas gestiones, las sanciones quedaron limitadas a operadoras directas, licenciatarias o proveedoras inmediatas de los emprendimientos que Argentina considera ilegales. El dictamen quedó pendiente de tratamiento en el recinto.
