La Libertad Avanza (LLA) no logró acordar con sus aliados y postergó la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027. La comisión de Presupuesto podría definirlo el 11 o el 17 de noviembre.
Las negociaciones con la UCR, el PRO y Argentina Federal no saldaron las diferencias sobre el proyecto. El debate en el recinto se prevé para el 18 o el 25 de noviembre. Si se concreta en esta última fecha, el Gobierno nacional tendrá que convocar a sesiones extraordinarias.
Entre los planteos de los bloques dialoguistas están reducir el impuesto a los combustibles y bajar del 21% al 10,5% el IVA para el huevo y sus derivados. También solicitan que se fijen plazos y tarifas para las obras públicas en rutas nacionales.
Los aliados piden, además, actualizar las asignaciones sociales y coparticipar fondos a la Ciudad de Buenos Aires. El ministro Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, buscan destrabar este último punto. Las universidades nacionales reclaman $11 billones, frente a los $7,3 billones incluidos en el proyecto. En las conversaciones se acordó quitar cuatro artículos vinculados con discapacidad y analizar refuerzos presupuestarios.
LLA tiene 95 diputados propios y necesita 129 para alcanzar el quórum. El oficialismo calcula que podría reunir unos 138 votos con el apoyo de legisladores de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo, y Provincias Unidas.
Las proyecciones del proyecto
La iniciativa, conocida como «ley de leyes», proyecta gastos consolidados por $216 billones, un 25,3% más, y recursos por $219,3 billones, con un incremento del 26,2%. Para 2027, el Poder Ejecutivo calcula una inflación acumulada del 21,3%, un dólar oficial de $1.847 al cierre de diciembre y un promedio anual de $1.728.
El texto prevé que el consumo privado crezca un 3,4% y el público, un 0,6%. Asigna $150,9 billones a servicios sociales y contempla $18,6 billones para atender los servicios de la deuda pública.
En prestaciones previsionales se proyecta un gasto de $102 billones. De esa suma, $3,9 billones se destinarían a mantener sin cambios nominales el bono de $70.000 para los haberes mínimos. Los $98,1 billones restantes corresponden a los haberes regulares, que, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tendrían una mejora real interanual del 5,7%.
El proyecto calcula que el número de jubilados y pensionados descendería en unos 79.000: de 9,20 millones a 9,12 millones. Para las asignaciones familiares prevé $14,4 billones, con una suba real del 2,5%; en tanto, los programas sociales sumarían $9,1 billones, un aumento real del 37,1%.
