La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional por la interrupción de las transferencias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI).
El tribunal fijó un plazo de 60 días para que el Gobierno de Javier Milei responda los argumentos de la administración bonaerense. Después de recibir la contestación, o una vez vencido el plazo, los jueces podrán resolver el pedido de medida cautelar.
El Ministerio de Economía anunció la suspensión de los giros en febrero de 2024. La decisión fue ratificada en marzo de ese año a través del DNU 280/2024.
La demanda del gobierno de Axel Kicillof solicita que se declare la «invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica» del comunicado ministerial y la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto. También reclama una cautelar para que el Estado nacional transfiera de manera «inmediata y efectiva» los fondos retenidos, junto con los intereses correspondientes.
Las autoridades bonaerenses plantearon que la interrupción de los recursos generó una «grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público». También señalaron que derivó en aumentos considerables del boleto de colectivo fuera del AMBA.
En el escrito, la provincia sostuvo que la medida «vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal». El reclamo involucra una partida creada por la Ley N° 27.467 en 2018, con una asignación inicial de $6.500.000.000 destinada a equilibrar los costos del sistema.
