El Senado comenzó a analizar el proyecto de reforma política impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa se trata en la Comisión de Asuntos Constitucionales y propone cambios en la elección de candidatos, el financiamiento de las campañas y el sistema de votación.
Para habilitar el debate en el recinto, La Libertad Avanza necesita el respaldo de 10 de sus 19 integrantes.
PASO, colectoras y Ficha Limpia
Antes del inicio del tratamiento parlamentario, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la propuesta en una conferencia de prensa: «No podemos pedirle a los pagadores de impuestos que estén financiando las internas de los partidos políticos. Es una promesa de campaña y el gobierno está intentando terminar con las PASO».
PASO: el proyecto original planteaba eliminarlas de forma definitiva. Ahora, el oficialismo propone suspenderlas en 2027, como ocurrió en 2025, y que cada partido seleccione sus candidatos de acuerdo con su carta orgánica. Para las candidaturas legislativas, se reemplazaría el piso electoral del 1,5% por avales equivalentes al 0,5% del padrón provincial. Los postulantes presidenciales deberían reunir avales en al menos cinco distritos.
Listas colectoras: la reforma permitiría volver a utilizar este mecanismo, prohibido por decreto durante la gestión de Mauricio Macri en 2019, bajo el sistema de Boleta Única de Papel. Con las colectoras, distintas fuerzas provinciales pueden competir por bancas legislativas y adherir al mismo candidato presidencial para sumar votos mediante el «arrastre» electoral.
Ficha Limpia: se sumaría un artículo a la Ley de Partidos Políticos para impedir que sean candidatos quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.
Financiamiento, boleta y debates
El proyecto busca eliminar los aportes públicos para las campañas y los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión, que en 2025 demandaron más de $ 13 mil millones.
También propone suprimir el límite máximo de gastos de campaña, que en 2025 fue de casi $ 14 mil millones, y elevar del 2% al 35% el tope de aportes de personas y empresas. Además, habilitaría aportes privados ilimitados «en especie» —bienes o servicios— siempre que no exista coordinación directa con la fuerza política. La iniciativa, en cambio, prohibiría donaciones y la contratación de servicios o consultorías provenientes de extranjeros, incluso de quienes residan en el país.
La reforma modificaría la ley sancionada en 2016 para que el debate presidencial sea obligatorio solo en el balotaje y no en las elecciones generales. Para la Boleta Única de Papel, propone sumar un casillero que permita votar todas las categorías de una misma agrupación cuando haya elecciones simultáneas con provincias adheridas.

