Las contrataciones y compras de equipamiento para la Defensa Nacional quedaron bajo secreto militar por el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti.
La medida restringe el acceso público a información de esos procesos, como los proveedores, los costos y los tipos de armamento. También exceptúa a las áreas contratantes de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las licitaciones.
El decreto define el secreto militar como: “Toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”.
Los fundamentos del decreto
Para fundamentar la decisión, el Gobierno invocó la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, que plantea la integración de las fuerzas del país para responder a agresiones externas de manera disuasiva o efectiva. El texto también sostiene que el Ministerio de Defensa está facultado para evaluar y definir requerimientos operativos que contribuyan a los objetivos nacionales.
La norma afirma que divulgar un proceso de adquisición de material, antes o después de concretarse, “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”. Además, cita el Decreto N° 9390/63 como fundamento para reservar las operaciones contractuales y excluirlas de la difusión pública habitual.
Según el texto, la decisión busca resguardar de manera permanente la integridad territorial, la soberanía y la capacidad de autodeterminación del país.
La presentación argentina por Sea Lion
La declaración de secreto se conoce en paralelo con nuevas acciones diplomáticas y judiciales de la Argentina frente a las actividades que atribuye al Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina presentó recientemente un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. La solicitud procura frenar preventivamente la ejecución del proyecto petrolero Sea Lion.
El pedido se suma al procedimiento arbitral que la Cancillería argentina inició bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación plantea como objetivo “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
