El defensor jefe de Puerto Madryn, Lucio Brondes, cuestionó el enfoque del nuevo Régimen Penal Juvenil. Advirtió que la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años genera temor e incertidumbre entre estudiantes de la región.
La Defensoría Pública realiza encuentros informativos y capacitaciones en escuelas para explicar el alcance de la norma. Brondes contó que los jóvenes consultan sobre sus parámetros, los procedimientos y las posibles sanciones.
“Hay como incertidumbre, temor, muchas inquietudes al respecto, cuáles son los parámetros de la ley, cuál es el procedimiento específico, cuáles son las eventuales sanciones que pueden recibir”
Cuestionamientos al enfoque punitivo
La nueva legislación amplió los delitos por los que pueden ser perseguidos penalmente los adolescentes e incorporó garantías procesales y principios de justicia restaurativa, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño. Brondes puso en duda que la intervención penal pueda prevenir el delito y la relacionó con falencias anteriores en políticas públicas de salud, educación, vivienda y fortalecimiento familiar.
“Tiene un sesgo claramente criminalizante, a mi criterio, con esta baja. Un régimen penal juvenil mal puede prevenir el delito, pero claramente cuando hay una imputación penal para adolescentes es síntoma de que ha fallado todo el sistema estatal anterior”, sostuvo.
El defensor consideró que la sanción penal debería ser la última instancia y que se prioricen la reparación y la contención. “La respuesta no debe ser esta responsabilización encarcelándolos, penalizándolos, sino apuntando a la justicia restaurativa”, afirmó.
Estadísticas y capacidad de alojamiento
Brondes afirmó que, de acuerdo con estadísticas nacionales y provinciales, las infracciones atribuidas a adolescentes representan una proporción reducida frente a las cometidas por adultos. “Se pone el acento como que uno de los ejes de la inseguridad son los delitos cometidos o imputados a adolescentes, y esto no es así”, manifestó.
Aunque el régimen lleva poco tiempo en vigencia, en Puerto Madryn ya hubo aprehensiones e intervenciones judiciales que derivaron en audiencias de control de detención. Brondes expresó dudas sobre la infraestructura para alojar y contener a los jóvenes y sobre la capacidad operativa del Centro de Orientación Socioeducativo (COSE).
El funcionario indicó que sostiene esta postura crítica desde hace más de 25 años. También argumentó que los antecedentes internacionales muestran que las leyes más severas no lograron reducir los índices delictivos sin un abordaje social y educativo integral.
