El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica aprobó por unanimidad un paro nacional de siete días, que comenzará el miércoles 28 de octubre. El gremio exige una recomposición salarial para docentes universitarios y preuniversitarios, el pago de deudas salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida se definió luego de evaluar la Quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. La organización encargó a su Mesa Ejecutiva coordinar protestas con las demás entidades del Frente Sindical de Universidades Nacionales. También repudió episodios de represión durante manifestaciones recientes y alertó sobre la pérdida de poder adquisitivo del sector.
«¡La ley se cumple! ¡Las deudas se pagan!»
Próximo congreso
El viernes 6 de noviembre, después de su Congreso Anual Ordinario, CONADU Histórica celebrará otro Congreso Extraordinario. Allí evaluará el acatamiento del paro y definirá los pasos siguientes. La conducción llamó a la comunidad educativa a sumarse a actividades de visibilización en universidades de todo el país.
La disputa judicial
La convocatoria se conoció en medio de la discusión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En una resolución de primera instancia, el juez Martín Cormick impuso una sanción conminatoria diaria de $100.000 contra Diego Santilli por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso de la Nación.
Autoridades de universidades públicas valoraron la resolución como un avance, mientras que el Poder Ejecutivo anticipó que la apelaría. Fuentes del Gobierno describieron a Cormick como «un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos».
Desde la administración nacional también cuestionaron los antecedentes del juez y sostuvieron que «tiene pasado y amigos en La Cámpora» y que «se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo». Además, aludieron a fallos anteriores de Cormick contra el protocolo antipiquetes.
En las últimas horas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso presentado por el Estado. Así, podrán discutirse en segunda instancia dos resoluciones relacionadas con la ejecución de la ley.
