Stericycle acordó pagar más de US$ 56 millones en Estados Unidos para cerrar investigaciones penales y civiles por irregularidades en el manejo y la custodia de sustancias controladas destinadas a destrucción.
El acuerdo ante la Fiscalía Federal del Distrito Este de California prevé una multa penal de US$ 19,08 millones y un pago de US$ 37,81 millones en el fuero civil. La investigación comprendió medicamentos recolectados en hospitales y farmacias entre 2015 y 2020.
El expediente detalló que parte de las sustancias se almacenó en predios no registrados y señaló fallas de seguridad y omisiones al informar robos o pérdidas. La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) determinó que la empresa guardaba narcóticos vencidos en remolques sin cerradura ni llave y que algunas cámaras de vigilancia estaban fuera de servicio.
En al menos cuatro ocasiones, Stericycle presentó justificaciones que la investigación consideró infundadas para no reportar la pérdida o sustracción de sustancias de alto riesgo. El caso indicó que esos hechos derivaron en filtraciones y desvíos de drogas al mercado ilegal.
La compañía tampoco tenía un sistema confiable para seguir los paquetes recibidos en su planta central de Indianápolis. Según el expediente, se utilizaron documentos internos ficticios para registrar como destruidos insumos cuyo paradero se desconocía.
La resolución obliga a Stericycle a mantener su cooperación con las autoridades y aclara que el acuerdo no exime de responsabilidad penal a las personas físicas involucradas. También consideró que, en abril de 2020, la empresa vendió a un tercero el segmento del negocio afectado, que luego regularizó la actividad.
El caso tiene vínculos societarios con la Argentina. Los empresarios Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari vendieron la firma TRI-ECO a Stericycle en 2013. En 2020, los tres adquirieron conjuntamente el 90% de MEDAM B.A. S.R.L.
El acuerdo no atribuyó responsabilidad directa a Mauro ni a Solari por las faltas investigadas en Estados Unidos. Sin embargo, el antecedente volvió a poner en discusión el control y la transparencia del negocio de residuos especiales en la Patagonia.
La situación también generó preocupación entre organismos reguladores locales ante el calendario electoral de 2027, cuando distintas provincias y municipios deberán renovar contratos para la recolección y el tratamiento de residuos patogénicos.
