Las sanciones por infracciones ambientales en la actividad hidrocarburífera de Chubut pueden equivaler a entre 50.000 y 300.000 litros de gasoil. El secretario de Ambiente provincial, Juan José Rivera, explicó que para definirlas se consideran, entre otros factores, la causa del derrame, el aviso a las autoridades y la calidad de la remediación.
Dos categorías según el volumen
La normativa provincial clasifica los incidentes como mayores o menores de acuerdo con la cantidad de hidrocarburo derramado. «La legislación a nivel provincial es bastante clara, divide los derrames en derrames mayores y menores de acuerdo al volumen», señaló Rivera. El umbral está fijado en 5 metros cúbicos, equivalentes a 5.000 litros.
Derrames mayores: superan los 5 metros cúbicos y requieren avisar de inmediato a las autoridades provinciales y activar los planes de contingencia.
Derrames menores: están por debajo de ese volumen y pueden notificarse formalmente hasta el día siguiente. Desde el primer momento, de todos modos, la operadora debe contener el hidrocarburo, impedir que se disperse y sanear el suelo.
La Secretaría de Ambiente analiza con esos parámetros el episodio registrado en Barrio Militar, en Comodoro Rivadavia, dentro de un yacimiento concesionado a PECOM y cerca del aeropuerto. Frente a estimaciones municipales iniciales que ubicaban el derrame en unos 60 litros, Rivera sostuvo: «Ha sido una discontinuidad en un ducto, creo que el CH-1960 de la empresa PECOM, pero ha sido un derrame menor de no más de 30 litros».
La hipótesis inicial del organismo es que las condiciones climáticas recientes dejaron al descubierto material que ya estaba atrapado en el lugar. La Secretaría realiza inspecciones para descartar otros focos de contaminación y verificar que el área haya quedado limpia.
El sumario por el derrame de CAPSA
A comienzos de octubre, la rotura de una línea de conducción de CAPSA en el yacimiento Diadema, en el Km. 14, provocó la pérdida de unos 5 metros cúbicos de hidrocarburos. Para evitar que el fluido alcanzara estratos inferiores, se retiraron importantes volúmenes de suelo.
Rivera confirmó que el área fue remediada, aunque el trámite administrativo sigue abierto. «Todavía hay un sumario en curso. Se han cursado todas las actuaciones a la empresa. Está en tiempo y forma todavía legal de hacer las respuestas y, cuando se cierre el sumario, veremos si corresponde o no corresponde una sanción económica».
Ante los cuestionamientos por una posible demora en el aviso, el funcionario dijo que se verificó el envío de un correo electrónico oficial con la fecha y la hora del incidente. Aclaró que también se evalúa el procedimiento de limpieza: «No solamente tiene que ver con que uno avise en tiempo y forma, sino cómo uno realiza el saneamiento también».
Qué factores pueden elevar las multas
La existencia de un derrame no implica automáticamente una sanción, explicó Rivera. Puede no corresponder una multa si el hecho fue fortuito, se informó según las reglas y la remediación se realizó correctamente. La negligencia, el ocultamiento o el uso de métodos inadecuados para limpiar pueden derivar en penalidades.
Entre las situaciones que agravan el impacto, mencionó que el hidrocarburo llegue a un mallín o que se emplee maquinaria pesada en terrenos donde el tránsito está prohibido por las características del suelo. La ley provincial expresa las multas en litros de gasoil para evitar que pierdan valor con la inflación. «Las multas pueden ir de 50.000 ó 60.000 litros de gasoil, hasta los 200.000 ó 300.000 litros, dependiendo de si se realizó el saneamiento como corresponde», detalló.
A valores de mercado actuales, las sanciones por faltas ambientales graves pueden acercarse a los 500.000 dólares. Rivera dijo que el objetivo es evitar nuevos episodios y asegurar una remediación adecuada. «Los montos son importantes, pero no es lo que nos motiva, sino que estos hechos no ocurran y que el saneamiento se haga como corresponde. De hecho hoy lo positivo es que, desde el inicio de nuestra gestión hasta hoy, ha disminuido la cantidad de estos inconvenientes, porque las empresas trabajan mucho más en el control, además de la elección para soluciones ambientales que estamos monitoreando permanentemente».
Inspecciones y pasivos ambientales
La Secretaría combina la atención de incidentes con controles preventivos en los yacimientos, incluidas inspecciones sorpresivas. La fiscalización de la integridad técnica de pozos e instalaciones está a cargo del Ministerio de Hidrocarburos. «Estar presente hace que las cosas se hagan de mejor manera por parte de las operadoras», afirmó Rivera. También aseguró que durante su primer año de gestión «se hicieron más inspecciones que en los 4 años del gobierno anterior». Según indicó, los controles alcanzaron tanto yacimientos de alta productividad como bloques marginales.
Otro eje de trabajo son los pasivos ambientales históricos. Una ley aprobada en 2024 dispuso auditorías ambientales de cierre cuando una empresa transfiere o abandona una concesión, como ocurrió en áreas cedidas por YPF y Tecpetrol. Rivera definió esas auditorías como un «documento vivo», ya que pueden incorporar pasivos que no se detectaron en un primer relevamiento por la antigüedad de los yacimientos. Sobre los plazos, advirtió: «El pasivo ambiental no se resolverá en un año ni en 4. Es un trabajo que va a llevar tiempo».
En Comodoro Rivadavia, el crecimiento urbano sobre zonas petroleras históricas suma complejidad a las tareas. Rivera cuestionó que el debate sobre los pasivos incluya «tintes políticos que se alejan de lo técnico y malinforman a la población» e instó al municipio a acordar con la Provincia y las operadoras prioridades concretas de remediación.
La playa de tanques de YPF en Km. 3
Rivera también se refirió a la playa de tanques de almacenamiento que YPF opera en el barrio General Mosconi (Km. 3), un sector antiguo próximo a la costa. Atribuyó los problemas del lugar a un pasivo histórico vinculado con técnicas constructivas anteriores y no a la erosión costera.
