AGROPEZ cuestionó una nueva interdicción de salida sobre uno de sus buques, dispuesta a raíz de una sentencia que analiza el Superior Tribunal de Justicia. La demanda que dio origen al expediente reclamaba 13 millones de pesos; con los intereses aplicados en el fallo, el monto llegó a 320 millones de pesos.
El presidente del grupo empresario, Fernando Álvarez Castellano, cuestionó a la jueza Amorina Úrsula Testino. “estamos en presencia de una jueza que hace lo que se le da la gana, que no se acoge ni al derecho ni a nada, y actúa sin ningún sustento legal”, afirmó.
El planteo sobre los honorarios
Álvarez Castellano relató que sus abogados se reunieron con Diego Martínez Zapata para conversar sobre distintos juicios, pero que no alcanzaron un acuerdo por las condiciones planteadas por el letrado.
Según contó, Martínez Zapata reclamó el pago íntegro de sus honorarios en una sola cuota. En cambio, habría aceptado conversar sobre un plan de dos o tres pagos para la multa y los intereses. “Lo primero que planteó fue que sus honorarios debían abonarse íntegramente, sin ningún tipo de descuento y en una sola cuota. Para la multa y los intereses, en cambio, sí había margen para negociar un plan de dos o tres pagos”.
El empresario también sostuvo que el abogado pidió a la compañía retirar los recursos presentados ante el Superior Tribunal por las sentencias de Testino y la denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura. “La otra condición que puso fue que levantáramos los recursos que presentamos oportunamente ante el Superior Tribunal por las sentencias dictadas por Testino, como así también la denuncia presentada contra la jueza en el Consejo de la Magistratura”.
Álvarez Castellano dijo que la empresa rechazó esa condición. “ese planteo también nos pareció un disparate porque cuando se presenta algo en la Justicia, es la Justicia la que tiene que resolver”.
La referencia al caso Otulich
El presidente de AGROPEZ mencionó el caso de Juan Carlos Otulich, quien, según su relato, recibió una sentencia en contra por un millón de dólares y pudo pagar en cuotas con la condición de retirar una denuncia que su abogado había presentado ante el Consejo de la Magistratura.
“Parecería que algunos actores judiciales tienen ese modus operandi muy bien aceitado”, sostuvo Álvarez Castellano. También advirtió que la compañía llegará “hasta las últimas instancias, incluso la Corte Suprema, si hace falta” y que no permitirá “el caranchismo y el manoseo que intentan ejercer alrededor de la empresa que presido”.
Posibles medidas
Álvarez Castellano no descartó que, si el conflicto continúa, la empresa evalúe distintas alternativas legales, entre ellas una eventual convocatoria de acreedores. “No nos vamos a dejar coaccionar por el abogado Martínez Zapata”, expresó.
Por último, afirmó: “No vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a renunciar a nuestros derechos mientras una jueza toma decisiones estrafalarias y un abogado se llena descaradamente los bolsillos mientras hacen tambalear a una compañía que genera miles de puestos de trabajo en Chubut”.
