Una empresa representativa debe cumplir al menos 62 obligaciones al año: 34 tributos y 28 regímenes de percepción, retención e información. El dato surge del Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Tributos en los tres niveles de gobierno
El informe identificó 16 tributos nacionales, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, las contribuciones patronales y los derechos de importación y exportación.
En el ámbito provincial contabilizó ocho, como Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario provincial, la patente del Automotor y el Impuesto de Sellos. A nivel municipal registró diez tasas, entre ellas la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintos cánones sobre automotores e inmuebles.
La cantidad total de tributos pasó de 37 a 34 respecto del año anterior. La baja se relaciona con la eliminación de impuestos internos sobre seguros y telefonía móvil, además de un cambio metodológico en la tasa por ocupación de espacio público.
La empresa tomada como referencia
Para el cálculo, el estudio consideró una PyME constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), propietaria de su establecimiento, con empleados formalizados, flota vehicular propia, equipamiento informático y cuentas bancarias activas. También contempló que importe insumos y exporte productos.
La medición incluye cargas tributarias indirectas incorporadas de manera fija en las facturas de servicios como agua, energía eléctrica, gas natural, internet y telefonía móvil. Por su parte, los regímenes de información y percepción bajaron de 30 a 28, principalmente por la caducidad del régimen del Impuesto PAIS.
El informe advierte que esos regímenes inciden en la competitividad de dos maneras. Por un lado, demandan personal y horas de trabajo para realizar liquidaciones, con la posibilidad de recibir multas o inhabilitaciones. Por otro, pueden generar «saldos a favor» que quedan retenidos por los fiscos. La demora en los trámites de reintegro, señala el trabajo, reduce el capital de trabajo de las empresas.
