Las empresas de apuestas online con licencia en Argentina rechazan que las nuevas regulaciones sumen restricciones, impuestos y límites operativos para el sector habilitado. En cambio, proponen concentrar los controles en las plataformas ilegales, mientras el Senado de la Nación debate cambios para la actividad.
El proyecto del Poder Ejecutivo nacional plantea penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten o administren sistemas de apuestas sin autorización. También prevé condenas de dos a cuatro años para quienes, con conocimiento de su ilegalidad, les presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.
La iniciativa incluye la baja de dominios web y el bloqueo de transacciones bancarias vinculadas con plataformas no habilitadas. No propone prohibir por completo los patrocinios deportivos ni la publicidad general: restringe los anuncios dirigidos a menores y los que asocien el juego con el éxito financiero o social.
El texto difiere del proyecto que recibió media sanción en la Cámara de Diputados en 2024, cuyo plazo de tratamiento vence a fin de año. Ese dictamen fija límites estrictos para los medios de pago, contempla registros de autoexclusión y establece un sistema riguroso de verificación de identidad.
El mercado informal y el debate bonaerense
Desde el oficialismo nacional advierten sobre las dificultades para controlar a quienes operan fuera de la ley y estiman que cerca del 85% de la actividad se canalizaría por vías informales. Analistas del mercado piden tomar esa cifra con cautela hasta que haya una consolidación estadística. Las empresas registradas sostienen que un exceso de prohibiciones al sector formal podría desplazar a los usuarios hacia plataformas ilegales, sin resguardo estatal.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, los legisladores Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, del bloque Fuerza Patria, impulsan un proyecto para endurecer los requisitos para las casas de apuestas.
La propuesta busca eliminar los bonos de bienvenida y los programas de fidelización para captar clientes, además de crear herramientas tecnológicas para bloquear de inmediato sitios clandestinos. También plantea un gravamen equivalente al 100% de la pauta publicitaria para financiar políticas de salud mental y un aporte obligatorio sobre los premios cobrados, destinado a clubes e instituciones sociales de la provincia.
