Las diferencias por las prestaciones para personas con discapacidad, las partidas universitarias y los subsidios al transporte del interior mantienen sin acuerdo al oficialismo y los bloques dialoguistas en torno al Presupuesto 2027.
Las negociaciones se retomarán en la Cámara de Diputados después de la visita del papa León XIV y del viaje de una comitiva de legisladores a las elecciones en Estados Unidos. Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni; y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.
Los bloques aliados buscan introducir cambios en un proyecto cuyos ejes son el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario, con la mirada puesta en el calendario electoral de 2027. El plazo para firmar dictámenes durante las sesiones ordinarias vence el 20 de noviembre. La intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 17 y sesionar el miércoles 25; si no lo logra, el Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.
Los planteos de los bloques
Los espacios dialoguistas y los gobernadores sostienen que sus pedidos pueden cubrirse con recursos de la Jurisdicción 91, un fondo contingente de $14 billones que no tiene una asignación específica. Entre los reclamos compartidos figuran reducir el Impuesto a los Combustibles —cuyos fondos, afirman, no se destinan al mantenimiento vial ni al 2,55% del Fondo Compensador del Transporte del Interior— y aumentar las partidas para discapacidad y universidades.
PRO: pide garantizar la coparticipación para CABA, un tema que negocian Luis Caputo y Jorge Macri; reducir del 21% al 10,5% el IVA para huevos y derivados, y establecer controles sobre las tarifas de las obras en rutas nacionales.
UCR: propone eliminar cuatro artículos y elevar el presupuesto universitario de los $7,3 billones previstos por la Casa Rosada a los $11 billones que reclaman los rectores. El mendocino Lisandro Nieri es el principal negociador del espacio.
Bloques provinciales: los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) reclaman destrabar la Ley de Biocombustibles, recibir asistencia para obras públicas y aumentar los $503.000 millones previstos para cubrir los déficits de las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la ANSES.
El proyecto prevé un gasto total de $216 billones, un 25,3% más, y recursos estimados en $219,3 billones, con un incremento del 26,2%. Además, calcula una inflación del 21,3% y un dólar oficial de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.
En materia de actividad, proyecta un crecimiento del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el público. De las partidas totales, asigna $150,9 billones a servicios sociales y $18,6 billones a servicios de la deuda pública.
