La Secretaría de Trabajo presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para intentar revertir un fallo sobre la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). El conflicto enfrenta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
En un mensaje en sus redes sociales, Pettovello afirmó que recibió presiones para «desistir de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley». Sostuvo que la disputa electoral debe resolverla la Justicia y manifestó: «no es correcto mentir ni presionar, y es aún más intolerable hostigar».
La movilización convocada para el lunes
La ministra se refirió a la marcha anunciada por el sindicato para este lunes a las 16, desde Avenida de Mayo 930 hasta la Secretaría de Trabajo. Dijo que, en un contexto de hostigamiento personal y a través de los medios, la movilización «responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores».
También señaló: «Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física», y pidió: «Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona».
El conflicto por las autoridades del gremio
El cruce tuvo un antecedente días antes en la Universidad Católica Argentina (UCA), antes de un encuentro del papa León XIV con dirigentes laborales. Pettovello y Barrionuevo discutieron allí por la falta de homologación de las paritarias del sector. La ministra le dijo: «A mí no me extorsiones porque vamos mal», y le sugirió pedir una excepción judicial si los trabajadores no recibían el aumento. También sostuvo que la demora en emitir el certificado de autoridades respondía a razones jurídicas y no políticas.
El recurso fue presentado por la abogada María Fernanda Penas, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. El organismo busca revertir una decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La Cámara había dictado una medida cautelar que ordenó emitir un certificado provisorio de autoridades en un plazo de diez días hábiles. El Poder Ejecutivo cuestiona esa resolución y afirma que vulnera las leyes 26.854, 23.551 y 26.944, los artículos 195 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial y el Decreto 342/25.







