El Senado tratará este jueves la Ley de Discapacidad, que busca convertir en permanentes beneficios y prestaciones del sistema. La discusión está prevista para la anteúltima sesión del año, antes del vencimiento de la emergencia en diciembre y en medio de diferencias dentro del oficialismo.
La iniciativa fue impulsada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, y cuenta con el respaldo de legisladores aliados y del bloque peronista. La agenda definitiva se analizará este miércoles a las 15 en la reunión de Labor Parlamentaria. También podrían sumarse la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la Ley Joaquín, aprobados por Diputados.
Un día antes, el martes por la mañana, la mesa política se reunirá en la Casa Rosada para ordenar la agenda oficialista de las últimas dos semanas de sesiones ordinarias. Entre los temas figuran el debate en comisión sobre la suspensión de las PASO, previsto para las 15, y la firma del dictamen del Presupuesto 2027, que el oficialismo busca llevar al recinto el 25 de noviembre.
Bullrich quiere avanzar con la sanción, pese a que el Ejecutivo intentó demorarla con cambios al texto aprobado en Diputados para postergar su aplicación. La senadora mantuvo su postura en un contexto de reclamos sociales que tomaron visibilidad tras la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole.
«Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», afirmó Bullrich. En una publicación en X, añadió: «Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera».
La propuesta se denomina formalmente “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Retoma el esquema de beneficios de la Ley 27.793 y elimina su carácter transitorio para establecer una política permanente y de orden público.
Entre sus medidas, permite que quienes reciben una pensión no contributiva, equivalente al 70% de la jubilación mínima, accedan a un empleo formal o se inscriban en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. El alcance incluye a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El proyecto mantiene el nomenclador único, establece la actualización automática de aranceles según la movilidad jubilatoria vinculada al IPC y garantiza la cobertura médica de Incluir Salud. También dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud no sea inferior, en términos reales, al del año anterior.
Además, prevé auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo aplicación del debido proceso inclusivo. Incluye una cláusula transitoria para pagar compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.







