El 14 de noviembre de 1993, Carlos Menem, entonces presidente y titular del Partido Justicialista, y Raúl Alfonsín, expresidente y líder de la Unión Cívica Radical (UCR), sellaron el Pacto de Olivos en la residencia presidencial ubicada en esa localidad. Treinta y tres años después, varias de las medidas acordadas continúan vigentes en el marco institucional argentino.
El camino hacia el acuerdo
Las conversaciones comenzaron tras el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de 1993. El oficialismo buscaba habilitar la reelección presidencial, vedada por la Constitución de 1853. Antes de la firma hubo encuentros reservados entre dirigentes de ambos partidos, incluido uno en la casa de Dante Caputo.
Alfonsín aceptó negociar una reducción del presidencialismo a cambio de sumar contrapesos institucionales impulsados por el radicalismo. De ese diálogo surgieron las bases del Núcleo de Coincidencias Básicas, que la Asamblea Constituyente de 1994 aprobó casi a libro cerrado.
Entre las modificaciones centrales se establecieron:
Mandato y reelección: el período presidencial se redujo de seis a cuatro años y se permitió una reelección consecutiva, de acuerdo con el artículo 90.
Sistema electoral: se incorporó el balotaje para las elecciones nacionales.
Instituciones y representación: se crearon el Consejo de la Magistratura y la Jefatura de Gabinete de Ministros. También se dispuso la elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se agregó un tercer senador por provincia para representar a la primera minoría.
Debates y consecuencias
Un mes después del entendimiento inicial, las dirigencias partidarias completaron los detalles técnicos en el llamado “Pacto de la Casa Rosada”. La negociación provocó divisiones en la UCR y recibió críticas de referentes del propio partido.
Además, sectores sociales y políticos interpretaron el acuerdo como un entendimiento entre las conducciones de los dos partidos mayoritarios para facilitar la continuidad del modelo económico neoliberal de los años noventa.
Con esas controversias, el pacto sentó las bases de la reforma constitucional, promulgada en agosto de 1994. Sus reglas continúan vigentes.







