El diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, cuestionó la valuación prevista para privatizar AySA. Según planteó, el Gobierno busca vender el 90% de las acciones por US$340 millones, aunque la empresa registró ganancias operativas por US$273 millones el año pasado.
Michel indicó que AySA tiene cuatro millones de conexiones activas y calculó que el monto equivale a unos US$100 por conexión. También sostuvo que se transferiría una concesión por 360 meses por una suma similar a lo que, de acuerdo con su cálculo, la compañía factura en tres meses de prestación.
El legislador advirtió sobre un posible conflicto de intereses: afirmó que entre los integrantes del consorcio que adquiriría la empresa hay firmas que ya son proveedoras de AySA. En declaraciones radiales, cuestionó: «Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas. ¿Qué valor van a pagar por esa materia prima o esos servicios? ¿A un valor que le sirva a AySA o a un valor que le sirva a sus empresas privadas?»
En ese contexto, pidió la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) y propuso un esquema de control similar al aplicado para la Hidrovía.
Michel también expresó preocupación por las consecuencias de la operación para más de 16 millones de usuarios del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que el acceso al agua es un derecho fundamental e inalienable y alertó sobre posibles aumentos de tarifas o cortes masivos del suministro.
Actualmente, hay dos causas en trámite para frenar e investigar el proceso: una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Como alternativa a la transferencia total de la gestión, el diputado propuso un modelo de participación mixta inspirado en YPF. Planteó que el Estado nacional mantenga el 51% de las acciones para definir planes de obras y limitar aumentos tarifarios que consideró desmedidos, mientras que el 49% restante se licite en mercados transparentes para atraer inversiones.
Por último, instó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a sumarse a las presentaciones judiciales contra la privatización, que, según sostuvo, afectaría la economía familiar de millones de bonaerenses.
