En las primeras audiencias del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía de Juicio presentó pruebas y describió presuntas irregularidades en la sociedad inmobiliaria. La acusación apunta a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
La estructura societaria
Ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, el fiscal Diego Velasco sostuvo que Los Sauces S.A., constituida el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, tenía órganos sociales «espejados» y estaba controlada por integrantes de la familia Kirchner o personas de su entorno. Según la Fiscalía, esa organización habría facilitado presuntas maniobras de lavado de dinero.
La firma comenzó con un capital de $100.000. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tenían el 45% cada uno, mientras que Máximo Kirchner contaba con el 10%. Él presidió el directorio desde la creación de la empresa y, a partir de 2009, recibió poderes especiales de sus padres para votar por unanimidad la aprobación de balances, la adquisición de bienes y los contratos de arrendamiento.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, Florencia Kirchner ingresó al directorio como vicepresidenta, en 2012. Tres años después, la presidencia pasó a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la exmandataria e hija de Alicia Kirchner. La acusación planteó que esta estructura de confianza permitió firmar alquileres y administrar fondos de empresas vinculadas a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.
Domicilios y personal
La investigación señaló que la inmobiliaria no tenía una sede comercial propia. Los tres domicilios declarados correspondían a un estudio contable, a la vivienda de Máximo Kirchner y al despacho del contador Víctor Manzanares. Para la Fiscalía, ninguno tenía la infraestructura y el equipamiento propios de una empresa del rubro.
Entre 2006 y 2010, Los Sauces no registró trabajadores. Más adelante incorporó como único empleado al jardinero personal de Cristina Kirchner y, en 2015, a Florencia Kirchner. La acusación indicó que se desconocían las tareas que realizaban.
La Fiscalía también sostuvo que, luego de un período prolongado sin actividad comercial, durante el cual adquirió una decena de propiedades y hoteles, la sociedad empezó a alquilar esos bienes directamente a empresas vinculadas con los empresarios mencionados. Según la acusación, los contratos no fueron analizados ni aprobados formalmente por el órgano de administración.
