La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en forma originaria en la demanda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) contra la Provincia de La Rioja. El tribunal fijó un plazo de 60 días para que la provincia presente su respuesta.
La causa, registrada como expediente CSJ 1847/2024, fue notificada al gobernador Ricardo Quintela y al fiscal de Estado provincial. También se convocó al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para que participe como tercero.
CAMMESA cuestiona el Decreto provincial 370/2024 y la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía local. En su planteo, sostiene que esas normas impidieron trasladar a las tarifas de la distribuidora EDELAR S.A. el precio estacional fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y habilitaron descontar de las compras mayoristas los créditos reconocidos a los usuarios.
El esquema, además, vinculó los beneficios tarifarios con la presentación de acciones judiciales contra los aumentos nacionales e incluyó un fondo de compensación que, según la demanda, la Provincia no habría terminado de pagar.
El reclamo y el alcance de la resolución
La empresa afirmó que el sistema provincial afectó la cadena de pagos del mercado eléctrico nacional. Al presentar la demanda, reclamó $8.183.406.774,76 por la energía comprada por la distribuidora riojana. El monto corresponde al pedido inicial y no representa una condena definitiva ni un saldo actualizado.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte no resolvió por ahora si las normas son inconstitucionales ni concedió la medida cautelar solicitada por CAMMESA. Indicó que analizará esos planteos luego de que la Provincia responda o venza el plazo establecido.
