El directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) establecerá qué puestos necesita y cuántos trabajadores incorporará. Así, se deja sin efecto el traspaso automático de toda la dotación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que está en proceso de disolución y liquidación.
Los cambios fueron dispuestos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026 y el Decreto 1287/2026, publicados en el Boletín Oficial. Una vez determinada la dotación, se definirá qué empleados pasarán a la OSFA. El administrador designado por el Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la situación de quienes no sean transferidos.
Los fundamentos de la medida
El Poder Ejecutivo justificó la decisión por la caída en la cantidad de afiliados de la OSFA, luego del traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Además, indicó que la normativa establece un límite del 8% de los ingresos para los gastos administrativos y de funcionamiento. Según los argumentos oficiales, el pase de toda la plantilla de IOSFA podría provocar un desequilibrio financiero, operativo y presupuestario en la nueva entidad.
Qué pasará con el personal
Los agentes de Gendarmería y Prefectura que prestaban servicios en IOSFA mediante adscripción o comisión deberán volver de inmediato a sus fuerzas de origen.
El Ministerio de Defensa se hará cargo de las obligaciones vinculadas con el personal de planta permanente con estabilidad que no sea transferido una vez concluida la liquidación. Esos trabajadores quedarán en disponibilidad hasta su reubicación definitiva o su baja de la administración pública. En tanto, para la OSFFESEG, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, el régimen de empleo se regirá por la Ley Marco N.º 25.164.
El Decreto 1287/2026 incorporó formalmente a la OSFA y a sus trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La medida recibió el aval de UPCN, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anunció que presentará un acta de protesta.
El DNU fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su control legislativo.
