El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver dos planteos que podrían reactivar la investigación por la causa $LIBRA. Uno fue presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que cuestionó los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas. El otro corresponde a inversores damnificados que buscan volver a ser querellantes.
El expediente llegó a esta instancia después de que el fiscal Eduardo Taiano resolviera cerrarlo. El 29 de octubre, la PIA, encabezada por Sergio Rodríguez, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para pedir que el organismo asuma el ejercicio de la acción penal y objetar el sobreseimiento de los once imputados.
El planteo de la PIA
La procuraduría sostuvo que el cierre fue “prematuro” porque “la investigación del caso no se encuentra agotada”. Consideró que aún faltan medidas de prueba, como peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y el seguimiento de operaciones financieras. También afirmó que los elementos reunidos muestran “señales de una concertación defraudatoria”.
Taiano contestó el 11 de noviembre y ratificó los sobreseimientos. Calificó de “desacertada” la postura de Rodríguez y planteó que el titular de la PIA no debió acceder a los detalles del expediente. Además, sostuvo que sus argumentos “están basados en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”. La PIA dejó planteada una apelación subsidiaria para que intervenga la Cámara Federal si Martínez de Giorgi rechaza el pedido.
El reclamo de los damnificados
La segunda vía se vincula con el pedido de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco fueron apartados como querellantes por decisión del juez, luego de un planteo de Mauricio Novelli, señalado como uno de los creadores de la criptomoneda promocionada por el mandatario.
Las defensas apelaron la exclusión y el 4 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar esa decisión. El tribunal también avaló una presentación similar de dos damnificados de origen bielorruso.
La resolución no reincorpora automáticamente a los afectados al expediente, pero les permite intentar recuperar la condición de querellantes. Si lo consiguen, podrán apelar los sobreseimientos y pedir nuevas medidas de prueba.

