Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina S.A., negó haber integrado o dirigido una asociación ilícita y rechazó cualquier participación en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública. En un escrito presentado durante las indagatorias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se tramitan en Comodoro Py, su defensa pidió anular distintas medidas de la causa.
Los abogados afirmaron que la imputación fiscal le atribuye responsabilidad penal por el cargo que ocupa en la empresa, pero no identifica una conducta personal, una orden, una firma o una reunión suya vinculada con los hechos. A su criterio, ese planteo vulnera el principio de culpabilidad y el derecho penal de acto.
La presentación sostuvo que el análisis de teléfonos celulares, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrada no halló comunicaciones, menciones ni instrucciones emitidas por Kovalivker. Sobre las visitas registradas en su domicilio particular, la defensa dijo que respondían a vínculos sociales o profesionales con empresarios del mismo sector y descartó que estuvieran relacionadas con maniobras ilícitas.
Para describir la actividad de la compañía, los abogados señalaron que Suizo Argentina S.A. tiene más de un siglo de trayectoria en el país, emplea a cerca de 2.000 trabajadores y cuenta con centros de distribución en distintas partes de Argentina. También indicaron que las ventas vinculadas a la ANDIS representaron el 2,14% en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025.
La defensa solicitó que se declaren nulos el dictamen fiscal y la resolución del 21 de agosto de 2025, que habilitó allanamientos, requisas de dispositivos electrónicos y el levantamiento de los secretos bancario y fiscal. Argumentó que esas medidas se apoyaron en grabaciones clandestinas e ilícitas que, según planteó, presentan indicios de manipulación o edición.
Además, pidió dejar sin efecto la inhibición general de bienes de Kovalivker, al considerar que la medida cautelar no cuenta con una fundamentación específica.
