El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) todavía no decidió si admitirá los recursos de Cristina Fernández de Kirchner contra la condena de la Causa Vialidad. El organismo señaló que tanto el análisis de admisibilidad como una resolución sobre el fondo pueden demorar varios años por la cantidad de expedientes pendientes.
La condena de la expresidenta establece seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Comité indicó que, debido al volumen de casos en trámite, no se espera un dictamen final en el corto plazo.
El planteo de la defensa
El abogado especialista en derechos humanos Gregorio Dalbón diferenció el trámite principal del pedido cautelar: «Hay dos cuestiones bien diferentes. Una es la cuestión de fondo, que ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen. La otra situación que no debería tardar es la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos que deberían cesar hasta que haya una resolución definitiva».
Dalbón sostuvo que, según el artículo 366 inciso F, una cautelar favorable sería obligatoria y vinculante para los tribunales argentinos. También señaló que las próximas acciones políticas y judiciales quedarán a cargo del equipo técnico y de la propia Fernández de Kirchner.
Los pedidos cautelares
El abogado cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria, entre ellas los horarios de visita y las restricciones para salir al aire libre. Las comparó con las que, afirmó, tienen otros detenidos por delitos de lesa humanidad. «Las condiciones extremas de la prisión domiciliaria como los horarios de visita, horarios de sol y demás permisos… los genocidas que desaparecieron a 30 mil personas no tienen horarios y pueden ir a la terraza a tomar vitamina D. Lo que están haciendo con CFK es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua», afirmó.
Dalbón también desmintió al juez Ricardo Lorenzetti y acusó a la Justicia de intentar aislar a la exmandataria.
El recurso ante Naciones Unidas solicita tres medidas cautelares: suspender de inmediato la inhabilitación para ejercer cargos públicos, revisar y flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria, y recomponer la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El entorno legal de Fernández de Kirchner mantiene la expectativa de que el organismo se pronuncie favorablemente sobre esos pedidos en el corto plazo.
