La Cámara de Diputados aprobó en general y envió al Senado el proyecto del Gobierno sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». La iniciativa deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restablece la Ley de Tierras Rurales de 2011.
El capítulo que restituye esa norma recibió 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Votaron en contra Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, de Tucumán; Karina Maureira, de Neuquén; y Pablo Outes, de Salta. Se abstuvieron Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda; Mónica Frade, de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano, de Coherencia.
En la votación en general, el proyecto se aprobó con 124 votos a favor y 119 en contra. Hubo seis abstenciones: cinco diputados cordobeses y Álvaro González, del PRO. El texto fija un tope del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y municipal, y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras.
Debate por las expropiaciones
La propuesta también introduce cambios en la Ley de Expropiaciones y agiliza los procesos judiciales de desalojo. Ahora deberá ser tratada en el Senado, donde la oposición ya había derogado los capítulos sobre tierras y Manejo del Fuego.
Durante el debate, el oficialista Santiago Santurio afirmó que el proyecto busca que «deje de ser negocio la usurpación de viviendas». El peronista Diego Giuliano ironizó sobre el regreso a la norma sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner.
Martín Lousteau calificó la postura oficial como un «reculado en chancletas» y advirtió sobre los riesgos del programa de ciudadanía por inversión. Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano acusaron al Ejecutivo de aplicar un «efecto lavarropas».
La camporista Lucía Cámpora cuestionó la iniciativa porque, a su entender, entorpece las expropiaciones estratégicas. En tanto, Pamela Verasay, de la UCR, convocó a superar la polarización política.
