CONARPESA recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que revise el archivo de la causa contra Carlos Liberman, ex subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación. La empresa anticipó que aportará nuevos elementos de prueba.
La denuncia fue presentada en mayo de 2023 por el presidente del grupo, Fernando Álvarez Castellano. El planteo se basó en inspecciones y sumarios administrativos a embarcaciones langostineras durante 2022, además de un episodio ocurrido en España que la compañía interpretó como una amenaza.
Álvarez Castellano atribuyó a Liberman presuntos delitos de Coacción y amenazas, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público e Infracción a la Ley Antidiscriminatoria. La querella sostuvo que las empresas COANARPESA Y AGROPEZ fueron objeto de una fiscalización selectiva durante la gestión del exfuncionario.
La firma afirmó que sus 20 buques recibieron 75 de los 230 sumarios iniciados en 2022. Esas embarcaciones forman parte de una flota de 312 barcos langostineros. Para la empresa, la proporción evidenciaba un trato arbitrario.
La denuncia también hizo referencia a un encuentro del 4 de octubre de 2022, durante la feria internacional Conxemar, en Vigo, España. Según la presentación de Álvarez Castellano, Liberman lo increpó en un hotel con expresiones despectivas relacionadas con su origen español y su actividad empresarial.
La postura de CONARPESA
Luego de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, la empresa planteó que el archivo penal no significa que todos los controles administrativos hayan sido correctos, sino que no habría elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados.
También sostuvo que el archivo no necesariamente impide una reapertura y señaló que, según se desprende del fallo, podrían aparecer nuevas circunstancias relevantes.
Álvarez Castellano ratificó la denuncia en todos sus términos y confirmó que recurrirá a la Corte Suprema, además de presentar nuevos elementos. El empresario pesquero dijo que mantiene su confianza en la Justicia y en que las pruebas sean evaluadas en una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados.
