La Legislatura de Chubut conformó la Comisión Redactora del nuevo Código General de los Procesos No Penales mediante la Resolución N.º 170/26. La decisión se tomó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside la diputada María Andrea Aguilera, en cumplimiento del artículo 172 de la Constitución Provincial de 1994.
El espacio tendrá carácter técnico, consultivo, temporario y no vinculante. Sus integrantes trabajarán ad honorem y tomarán como referencia la doctrina actual y el anteproyecto elaborado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Las reuniones presenciales para abordar los aspectos técnicos comenzarán en febrero.
Los ejes del proyecto
El especialista internacional Héctor Mario Chayer planteó durante el encuentro que la reforma busca mejorar los resultados sin incrementar los gastos ni la cantidad de personal. Entre las herramientas mencionó la tecnología, las oficinas judiciales comunes y una oralidad efectiva.
Los camaristas Sergio Lucero, Guillermo Walter y María Marta Nieto, autores del proyecto base, expusieron sus principales lineamientos. La propuesta apunta a acortar los plazos, agilizar las audiencias y reducir los ritualismos burocráticos. También contempla medidas prejudiciales, el proceso monitorio, demandas colectivas, trámites para pequeñas causas y modificaciones en los fueros de familia y laboral.

Participación y cronograma
De la mesa participaron representantes de los colegios de abogados de Sarmiento, Edgardo Hughes; de Puerto Madryn, Mercedes Alberdi Torrejón y Laura Campo Fierro; y de Trelew, Agustín Baroni y Mónica Moon. Por la Defensoría General estuvieron Jordana Didolich y Fernando Valentín; por el Ministerio Público Fiscal, Marcos Fink; por la UNPSJB, Nicolás Demitriou y Miguel Medina Insúa; y por la Asociación de Mediadores, Roxana Laudani.

El plan de trabajo prevé una etapa de diagnóstico interno y análisis durante el verano, hasta enero. A partir de febrero, los equipos interinstitucionales iniciarán la discusión metodológica. También se prevé habilitar canales de diálogo con el Poder Ejecutivo, la Magistratura y el Funcionariado Judicial.






