La investigación por presuntas irregularidades en la Mutual Aonikenk quedó habilitada para avanzar a juicio. El juez Martín O’Connor admitió en su totalidad la acusación de la Fiscalía y dispuso que el 26 de noviembre a las 11 se sortee el tribunal unipersonal y se fije la fecha del debate.
La audiencia preliminar comenzó el 15 de octubre con la presentación de la acusación pública, a cargo de los fiscales María Bottini y Alex Williams, y de la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato. El 16 de noviembre se escucharon los planteos de las defensas y las declaraciones de las personas imputadas. Este jueves, O’Connor resolvió esos planteos y habilitó el juicio.
La Fiscalía encuadró principalmente los hechos como defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal. Para el contador, planteó además el concurso ideal con balance falso, contemplado en el artículo 300, inciso 2°, y consideró de manera supletoria la figura de estafa genérica del artículo 172.
El juez rechazó el planteo de atipicidad por administración de hecho. En su resolución sostuvo que el mandato tácito permite encuadrar esa modalidad en el artículo 173, inciso 7°, de acuerdo con la doctrina del Caso Córdoba (Tragedia de Once) y precedentes vinculantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
O’Connor admitió toda la prueba ofrecida por la Fiscalía y la Querella, incluida la declaración previa de una testigo, y rechazó el pedido de nulidad de la defensa. También aceptó como prueba documental por lectura una resolución del INAES del 16 de julio, presentada por la defensa del contador. En cambio, descartó un informe contable ofrecido por esa parte: consideró que, por tratarse de un dictamen, debía tramitarse como pericia según las reglas procesales.
Qué se analiza en la audiencia preliminar
O’Connor explicó que en esta instancia se controla formal y sustancialmente la acusación, se revisa la legalidad de los actos y se determina si hay condiciones mínimas para habilitar el juicio. Señaló que no corresponde resolver controversias sobre hechos o pruebas que requieran producir evidencia, ni decidir que una conducta es atípica, salvo que resulte manifiesto que no está sancionada por el Código Penal.
La causa ya había atravesado una audiencia preliminar en la que otro juez sobreseyó a las personas imputadas. La Fiscalía apeló y el Superior Tribunal de Justicia ordenó realizar una nueva audiencia con otro juez, al considerar que no se cumplían los requisitos para impedir que la investigación llegara a juicio.
En ese fallo, los ministros indicaron que una duda fundada sobre la tipicidad o una hipótesis plausible de falta de tipicidad no son suficientes para dictar un sobreseimiento. Sostuvieron que la atipicidad debe ser manifiesta, es decir, que exista una imposibilidad absoluta de encuadrar la conducta, incluso hipotéticamente, en una figura penal. También señalaron que alcanza con un sustento mínimo para elevar la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sobre los fondos
La Fiscalía investiga a tres personas por una presunta maniobra realizada entre 2019 y 2022, mediante la cual se habría manejado de forma arbitraria un patrimonio de aproximadamente 109 millones de pesos de la Mutual Aonikenk. Según la acusación, una de ellas, que no tenía un cargo formal en la entidad, habría administrado esos fondos de hecho.
La hipótesis sostiene que, mediante el cambio de cheques, el dinero se convertía en efectivo y quedaba a disposición de esa persona en una especie de “caja negra”. La maniobra habría impedido que la mutual cobrara intereses estimados en 25 millones de pesos y habría perjudicado sus intereses con fines de lucro.
Al contador y auditor externo se le atribuye haber elaborado los balances y participado en asambleas para convencer a los socios, mediante su prestigio profesional, de que los estados contables eran correctos y no había motivos de preocupación. Para la Fiscalía, su intervención habría sido una ayuda esencial para el esquema del administrador. A la tesorera de la mutual se le atribuye haber cambiado los cheques para convertir los fondos bancarios en efectivo, que luego quedaba a disposición de esa persona.
En el juicio se debatirá si existen elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal de las tres personas o si sus conductas no merecen una sanción en este fuero.







