Los jueces Jorge Criado y Ricardo Rolón revocaron la libertad de Nicolás y Luciano Scarparo, acusados de agredir a un joven en Comodoro Rivadavia, y ordenaron que permanezcan en prisión preventiva durante 60 días. Además, calificaron de «arbitraria» la resolución de la jueza que había dispuesto su liberación.
La denuncia por la agresión
La reconstrucción del Ministerio Público Fiscal ubica el hecho durante la noche del 11 de noviembre. Según la acusación, el joven había ido a la casa de Nicolás Scarparo, donde los dos hermanos lo redujeron, lo golpearon e intentaron asfixiarlo para que desbloqueara su celular.
Los fiscales sostienen que la víctima recibió golpes con un trozo de madera y cortes con un arma blanca. También habría sido atada con una soga, mientras los acusados intentaban ahorcarla con otra cuerda y le ponían una bolsa en la cabeza. El joven sufrió politraumatismos, múltiples hematomas y una fractura en el brazo izquierdo, lesiones calificadas como graves.
Un testigo llamó a la Policía después de escuchar gritos y ruidos en la vivienda. Al llegar y golpear la puerta, los agentes encontraron la escena. En paralelo, se presentó otra denuncia penal que señala al joven agredido como presunto autor de un intento de abuso sexual contra una hermana de los Scarparo.
La revisión de la decisión
En la audiencia inicial, las defensoras particulares Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo pidieron la libertad de sus clientes y señalaron que tenían arraigo en la zona. Indicaron que Nicolás tiene empleo estable, hijos a cargo y es sostén de hogar, mientras que Luciano cuida de sus padres.
La jueza Lilian Bórquez abrió la investigación con la carátula de «privación ilegítima de la libertad», en lugar de «secuestro coactivo», como habían pedido los acusadores. También concedió la libertad a los hermanos, con prohibición de acercarse y comunicarse con el damnificado.
Un día después, los fiscales solicitaron revisar la medida y Criado y Rolón ordenaron la prisión preventiva por 60 días. En su resolución, cuestionaron que Bórquez hubiera cambiado la calificación legal del caso y sostuvieron que esa decisión implicó una competencia irregular.
Los jueces señalaron que la Constitución de Chubut impide a los magistrados intervenir en las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y recordaron que existen sanciones para quienes intenten asumir ese rol. También consideraron que los hechos encuadran en la figura de «secuestro coactivo» y que, al resolver medidas cautelares, corresponde ponderar la gravedad del ataque y la pena en expectativa. Los dos imputados permanecerán detenidos mientras avanza la causa.







