La Justicia de Chubut abrió una investigación preparatoria contra un vecino de Rawson por presunto maltrato y crueldad animal, además de posibles infracciones a las normas sanitarias. El caso se inició con el rescate de cuatro perros que presentaban desnutrición crónica. Dos murieron meses después por las secuelas en su salud.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), creada en diciembre de 2024. Su intervención se enmarca en el criterio jurisprudencial que reconoce a los animales como víctimas y sujetos de derecho en el proceso penal.
El estado de los animales
El operativo se realizó con una orden de registro en una vivienda de la calle Rivadavia, en Rawson. Efectivos de la Comisaría Seccional y personal de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento Municipal encontraron a cuatro perros —Nieve, Negra, Lupi y Lani— entre desperdicios, orina y materia fecal.
Los análisis médicos y bioquímicos detectaron un cuadro severo de emaciación, posible insuficiencia hepática y parásitos transmitidos por vectores, entre ellos Hepatozoon canis. También comprobaron que ninguno tenía el esquema de vacunación obligatorio.
Pese a la asistencia de las depositarias judiciales designadas, dos perros murieron por el daño orgánico acumulado: Lani, el 21 de diciembre de 2025, y Negra, el 20 de febrero de 2026.
Los cargos en análisis
La fiscal general jefe María Florencia Gómez, titular de la UFE AyDA, sostuvo que las muertes estuvieron directamente relacionadas con la privación prolongada de alimento y de atención veterinaria en la vivienda del imputado.
La Fiscalía analiza si los hechos constituyen un concurso ideal entre dos figuras penales:
- Ley Nacional 14.346: establece penas de prisión por actos de malos tratos y crueldad hacia los animales.
- Artículo 206 del Código Penal: contempla la infracción a las leyes de policía sanitaria animal, en relación con la Ley Nacional 22.953, que establece la vacunación antirrábica obligatoria.
La Resolución 26/2026 del Tribunal de Faltas local determinó que la gravedad del caso excede el marco de la contravención municipal y requiere la intervención del fuero penal nacional.
La jueza Eve Ponce aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó abrir formalmente la investigación preparatoria por seis meses. En ese plazo, la Fiscalía reunirá pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.
