La Cámara Penal confirmó por unanimidad la condena a Joaquín Cañumir a siete años y seis meses de prisión, impuesta luego de un juicio por jurados. La defensa había solicitado anular el juicio por considerar que el acusado estuvo en situación de indefensión.
El nuevo abogado sostuvo que el profesional que asistió a Cañumir antes del juicio no le brindó una defensa eficaz. En particular, planteó que no se advirtió a tiempo la prescripción del delito de lesiones leves y que, por ese motivo, se incorporaron pruebas que pudieron influir en la decisión del jurado.
La fiscal Rafaella Riccono pidió rechazar el recurso. Argumentó que las pruebas objetadas eran necesarias para exponer el contexto de los hechos, la falta de consentimiento y la relación de asimetría. También sostuvo que su incorporación no produjo un perjuicio concreto ni afectó el debido proceso.
Los hechos juzgados
En el juicio, la Fiscalía afirmó que Cañumir ejercía de forma reiterada violencia psicológica y coercitiva sobre la víctima y que, por medio de amenazas y hostigamiento, la sometía a conductas sexuales. Según la acusación, la situación alteraba la tranquilidad del hogar y el bienestar de las hijas de la mujer, que en ese momento tenían 12 y 2 años.
La acusación ubicó el hecho principal durante la mañana del 27 de noviembre de 2022. La Fiscalía sostuvo que el acusado entró ebrio a la vivienda y forzó relaciones sexuales no consentidas en distintos sectores de la casa. Los informes incorporados indicaron que la víctima intentó evitar que sus hijas presenciaran las agresiones.
Los fundamentos del fallo
Los jueces concluyeron que la defensa no demostró una situación efectiva de indefensión técnica, sino una disconformidad con la estrategia del abogado que representó originalmente a Cañumir.
El tribunal también señaló que el jurado popular valoró las pruebas conforme a las instrucciones de imparcialidad impartidas por el juez técnico. Consideró que la incorporación de ese material respetó los estándares de amplitud probatoria aplicables a causas por hechos ocurridos en contextos de violencia de género, en especial cuando suceden en la intimidad del hogar.
La Cámara confirmó además las medidas accesorias, incluida la regulación de honorarios y el envío del perfil genético del condenado, junto con copias de la sentencia y del informe del Registro Nacional de Reincidencia. Una vez que el fallo quede firme, la documentación deberá remitirse al RePriGAS (Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales), que funciona en el ámbito del REDIS (Registro de Defensa de la Integridad Sexual), bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut.







