Un juez ordenó seis meses de prisión preventiva para un imputado en una causa por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones agravadas por el contexto de violencia de género y desobediencia. La medida fue dispuesta este jueves, durante la audiencia en la que se formalizó la investigación, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso.
La Fiscalía, representada por la fiscal María Bottini, el procurador de fiscalía Ismael Cerda y el funcionario Mauro Beloqui, le atribuyó hechos ocurridos entre el 5 y el 6 de octubre en Esquel. Antes de la audiencia había solicitado un allanamiento en el domicilio del imputado y su detención inmediata para realizar medidas y llevarlo ante la Justicia.
De acuerdo con la acusación, el 5 de octubre por la tarde el imputado se presentó en la casa de la víctima, pese a que regía una prohibición de acercamiento dictada el 19 de septiembre por el Juzgado de Familia. Después, ambos fueron hasta la vivienda del acusado, en el barrio Ceferino.
La Fiscalía sostuvo que durante la madrugada del 6 de octubre el hombre agredió físicamente a la mujer, cerró la puerta con llave y la mantuvo retenida contra su voluntad. También le atribuyó haber abusado sexualmente de ella pese a sus negativas, amenazar con autolesionarse y recurrir a manipulaciones para impedir que buscara ayuda o denunciara lo ocurrido.
La víctima pudo salir de la vivienda por la tarde, cuando el imputado se ausentó para pedir agua a un vecino. En la audiencia, él negó que los hechos hubieran sucedido de ese modo y su defensa pidió medidas de prueba para respaldar esa postura.
Los argumentos sobre la detención
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses por considerar que existían riesgos de fuga y de interferencia en la investigación. Para fundamentar el primero, indicó que el imputado no tiene empleo formal y que había vivido en distintas localidades: Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Tecka y Bahía Blanca. También señaló la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la actitud violenta que, según la acusación, tuvo durante el allanamiento.
Respecto del posible entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía citó un informe interdisciplinario del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que estableció un nivel de “Riesgo Alto” (37 puntos). Además, planteó la necesidad de evitar presiones o represalias contra la denunciante.
La defensa propuso que el imputado cumpliera arresto domiciliario en Tecka y consideró desproporcionada la medida requerida por la Fiscalía.
La resolución judicial
El juez hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva por seis meses. Entre los elementos que valoró incluyó la constatación médica de lesiones y las verificaciones realizadas en la vivienda sobre los cerrojos.
El magistrado también consideró que el imputado tenía un arraigo débil y señaló la gravedad de la pena en expectativa como factores de riesgo de fuga. Además, tuvo en cuenta que había desobedecido una restricción de acercamiento e intentado manipular a la víctima. Según la resolución, un traslado a Tecka no garantizaba la protección de la seguridad y la integridad de la denunciante.