Un hombre permanecerá detenido con prisión preventiva por 30 días, acusado de intentar entrar por la fuerza a la vivienda de su expareja. La mujer se había mudado recientemente para alejarse de él.
La medida se dispuso el domingo, en la audiencia de control de la detención y apertura de la investigación. Intervinieron la fiscal María Bottini y la funcionaria de fiscalía Gabriela Balbuena.
El episodio
El hecho ocurrió durante los primeros minutos del domingo 4 de octubre, en una casa de la calle 9 de Julio. El hombre llegó al domicilio de su expareja, una joven de 26 años, y le exigió de manera agresiva que lo dejara entrar.
Cuando ella se negó, él evitó que cerrara una ventana con rejas del living. La mujer le arrojó gas pimienta a través de la abertura para que se alejara. El producto afectó accidentalmente las vías respiratorias de su hijo de 2 años, que estaba en sus brazos. El niño recibió atención en el Hospital Zonal; los médicos confirmaron que no tenía complicaciones de gravedad.
El hombre permaneció en el lugar, pateó varias veces la puerta principal de madera y amenazó con romperla, además de insultar a la mujer. Luego saltó un portón lateral de rejas, de un metro y medio de altura, e intentó forzar una puerta trasera de chapa, pero no consiguió ingresar.
Personal de la Comisaría Primera acudió tras recibir un alerta del Centro de Monitoreo y encontró al hombre en la vía pública. Desde el interior de la vivienda, la mujer pedía ayuda a los gritos mientras sostenía a su hijo. Una vecina declaró que había escuchado los pedidos de auxilio y los golpes en los accesos.
La resolución judicial
El juez declaró legal la detención y dio por abierta formalmente la investigación penal preparatoria. La calificación provisoria es amenazas y tentativa de violación de domicilio en concurso ideal, en un contexto de violencia de género.
A pedido de la Fiscalía, el magistrado ordenó la prisión preventiva. Para tomar esa decisión, consideró el patrón histórico de acoso denunciado por la víctima, el incumplimiento previo de una orden judicial de restricción de acercamiento y el riesgo de que el imputado intentara amedrentarla o influir en ella para que retirara la denuncia. Según indicó, ese comportamiento ya se había registrado en investigaciones anteriores.
También se ordenó el secuestro y peritaje de prendas de vestir y del teléfono celular.