El oficialismo intentará firmar este martes un dictamen de mayoría para el proyecto «Defensa de la Soberanía Nacional», aunque todavía no cuenta con el respaldo asegurado de sus aliados. A las 16 se reunirán las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, en el Anexo C.
El plenario había sido postergado por desacuerdos sobre aspectos presupuestarios y normativos. El Poder Ejecutivo conserva la decisión sobre qué modificaciones aceptar o rechazar durante la negociación.
Por el momento, el Gobierno accedió a cambiar el artículo 111, a pedido de los bloques de las Fuerzas del Cambio (PRO y UCR). La nueva versión elimina la definición abierta que penalizaba las «campañas de desinformación masiva» y precisa los tipos penales con criterios de la legislación comparada.
Los aliados también piden sumar a dos diputados al Consejo de Seguridad Nacional y objetan que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad puedan superponer funciones al proteger infraestructuras críticas. Las diferencias ponen en duda que el dictamen consiga unanimidad.
El calendario y el contenido de la iniciativa
El tratamiento podría quedar condicionado por la agenda legislativa, que prioriza el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La visita oficial del Papa y los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre reducirían los días disponibles para trabajar. A eso se sumaría el viaje de una comitiva de diputados libertarios a Estados Unidos para presenciar las elecciones de medio término del 3 de noviembre y respaldar a candidatos republicanos, una situación que podría complicar la convocatoria a una sesión con quórum.
La propuesta busca reemplazar la Ley 26.659 y establecer penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitación comercial para quienes exploten ilegítimamente recursos naturales, renovables o no renovables, en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Las sanciones también alcanzarían a quienes cooperen con esas actividades.
El texto contempla crear un Registro Público de Infractores, incorporar la figura del juicio en ausencia y prohibir los aportes de extranjeros a campañas políticas. También propone un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente, con facultades para bloquear activos o restringir el comercio exterior ante amenazas inminentes.
Entre las medidas previstas figuran el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles como último recurso, la intervención militar en la seguridad interna ante amenazas externas y el otorgamiento de rango legal al registro antiterrorista RePET, utilizado para congelar bienes.