La central hidroeléctrica Futaleufú continuará bajo la operación de su actual administradora hasta el 30 de abril de 2027. La prórroga dispuesta por el Gobierno nacional también abarca a otras diez represas y se extenderá mientras se prepara una nueva licitación.
La medida quedó establecida en el Decreto 1349/2026, firmado este miércoles por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Para Futaleufú, amplía el período de transición, cuyo plazo vencía el 15 de diciembre.
La central de mayor potencia
Con 560 megavatios de potencia instalada, Futaleufú es la central de mayor capacidad entre las once incluidas en la extensión. Su potencia representa cerca de la mitad del total alcanzado por la medida.
La operación está en manos de Hidroeléctrica Futaleufú. El paquete accionario se reparte entre Aluar, que posee el 60,2%; la Provincia del Chubut, con el 33,51%, y otros accionistas, que reúnen el 6,29% restante.
Para continuar durante la prórroga, las actuales concesionarias deberán adherir a las condiciones establecidas por el Estado nacional dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Entre ellas, deberán renunciar a reclamos administrativos y judiciales relacionados con el período de transición y comprometerse a no iniciar nuevas acciones legales contra el Estado por situaciones que ocurran durante la extensión. La condición también comprende posibles presentaciones de los accionistas.
Además, las empresas tendrán que conservar las garantías de cumplimiento contractual y mantener el servicio de acuerdo con las obligaciones de los contratos vigentes.
Preparan una nueva licitación
La Secretaría de Energía deberá elaborar los pliegos, convocar a licitaciones nacionales e internacionales, evaluar las propuestas, adjudicar las concesiones y firmar los nuevos contratos.
El decreto no establece fechas para los concursos ni especifica las condiciones definitivas de los próximos acuerdos. Tampoco precisa cuánto durarán las concesiones, qué inversiones deberán realizar las empresas adjudicatarias ni qué cánones pagarán al Estado.
